Un tribunal de justicia provincial condenó a Sergio Luccioni a cumplir una pena de doce años de prisión tras ser hallado responsable de múltiples delitos de índole sexual cometidos contra su sobrina política. La resolución llegó después de un extenso proceso que se prolongó durante casi nueve años, marcado por demoras y suspensiones que generaron profundo dolor en la familia de la víctima.
El magistrado determinó que Sergio Ernesto Luccioni cometió cuatro hechos de abuso gravemente ultrajante, siendo dos de ellos agravados por la relación de convivencia preexistente con la afectada. Aunque la condena es de cumplimiento efectivo, el condenado permanecerá en libertad hasta que la sentencia adquiera carácter de firme, momento en el cual deberá ingresar al Servicio Penitenciario provincial para cumplir su castigo.
La fiscal María Curten Haquim logró acreditar durante el debate la mayoría de los hechos presentados en la acusación, aunque algunos quedaron fuera del alcance de la justicia por haber prescripto legalmente. Este aspecto generó particular frustración en los allegados de la víctima, quienes consideran que las dilaciones fueron responsabilidad del propio sistema judicial y no de la denunciante.
Claudia Tolaba, madre de la joven abusada, expresó su sentimiento tras conocer el veredicto: “Después de nueve años de espera, de dolor y de una interminable peregrinación por la Justicia, al fin hubo una condena contra Sergio Ernesto Luccioni, el violador de mi hija. Fueron años de juicios suspendidos, alegatos postergados y audiencias que no se realizaban.” La mujer enfatizó que aunque ninguna pena repara completamente el daño ocasionado, el fallo representa un reconocimiento crucial de la verdad de su hija.
La madre destacó que la condena abuso sexual constituye una validación de la palabra de la víctima ante las autoridades judiciales. “Como madre, siento que ninguna pena es suficiente frente al daño que sufrió mi hija. Pero hoy puedo decir que la Justicia reconoció lo que ella vivió. Que su palabra fue escuchada. Que no mintió. Que dijo la verdad”, manifestó Tolaba con evidente emoción.
Tolaba también cuestionó las fallas procesales que permitieron que dos de los hechos prescribieran: “Las fallas no fueron de mi hija, fueron del sistema. La mayoría de los hechos fueron acreditados, pero dos prescribieron por cuestiones del propio sistema judicial.” Esta situación refleja las críticas recurrentes sobre las demoras en los procesos judiciales en Jujuy, que afectan especialmente a las víctimas de delitos graves.
El caso generó un fuerte impacto en la comunidad jujeña debido a la prolongada espera y los múltiples obstáculos que enfrentó durante su tramitación. La resolución de esta condena abuso sexual representa un hito importante en la búsqueda de justicia, aunque deja pendientes las cuestiones sobre cómo mejorar la celeridad de los procesos para evitar que hechos delictivos queden sin castigo por prescripción.
