Una resolución judicial emitida por la Cámara Civil y Comercial establece que la provincia debe abonar una suma de 50 millones de pesos a una agente de la Policía que sufrió violencia sexual durante su jornada laboral. El pronunciamiento llegó tras años de litigio en distintas instancias judiciales que validaron los hechos denunciados.
Los hechos se remontan a abril de 2020, cuando la uniformada cumplía funciones en el puesto de Chalicán, próximo a Fraile Pintado. En esa oportunidad, un sargento que se desempeñaba como su jefe directo cometió un abuso sexual contra ella mientras ambos estaban de guardia. Desde entonces, la víctima inició un largo proceso legal buscando justicia y reparación por lo ocurrido.
Carlos Sebastián Espada, abogado defensor de la damnificada, explicó que el caso reviste características excepcionales por su magnitud. Señaló que la mujer fue atacada mientras cumplía sus obligaciones laborales en la dependencia policial, lo que desencadenó una serie de demandas en diferentes ámbitos jurisdiccionales. Según Espada, “esta sentencia viene a otorgarle a esta mujer que ha padecido semejante delito, una reparación que abarca todos los aspectos de su sufrimiento”.
El proceso judicial transitó por tres fueros distintos, y en cada uno de ellos se confirmó la culpabilidad del agresor y la responsabilidad estatal. En 2022, el Tribunal Penal condenó al sargento a una pena de 10 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional, además de inhabilitación permanente para ejercer funciones policiales, tras comprobarse el delito de abuso sexual con penetración agravado por su condición de miembro de fuerzas de seguridad.
Posteriormente, la Sala Segunda del Tribunal Laboral reconoció el incidente como un accidente ocurrido durante la prestación de servicios, aplicando la normativa de Riesgos del Trabajo. Esta decisión fue pionera al incorporar una perspectiva de género en el análisis de un caso laboral. El tribunal ordenó al Estado compensar tanto la incapacidad funcional como el trauma psicológico derivado de la agresión.
Ahora, la sentencia civil dictada por la Cámara identifica daños que no habían sido cubiertos en fallos anteriores, particularmente el daño moral. Los magistrados reconocieron que el Estado, en su rol de empleador y responsable de la seguridad institucional, incumplió gravemente su obligación de proteger a la agente. Por ello, ordenaron una indemnización de 50 millones de pesos como reparación integral de los perjuicios ocasionados.
Espada valoró esta decisión como fundamental para el caso, destacando que refleja un enfoque de género claro y establece un precedente importante respecto a la responsabilidad estatal en situaciones de violencia sexual dentro de instituciones públicas. La sentencia reconoce que la vulnerabilidad en la que quedó expuesta la policía fue resultado directo de las deficiencias en los mecanismos de protección y supervisión que debería haber garantizado la provincia.
