El Tribunal Oral Federal de Jujuy ha pronunciado un veredicto de culpabilidad en contra del sargento primero de Gendarmería Nacional, Walter Daniel Álvarez, por el homicidio del joven Ivo Rodrigo Torres. El hecho ocurrió el 6 de febrero de 2025 en la localidad fronteriza de La Quiaca. La víctima era un estudiante de Turismo e integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques de Barrancas.
Durante las audiencias de debate público realizadas en mayo de 2026, el tribunal integrado por los jueces Domingo José Batule, María Alejandra Cataldi y Diego Martín Matteucci escuchó los testimonios que permitieron reconstruir los hechos de aquel día. Según quedó acreditado en el proceso, Ivo Torres ingresaba en motocicleta desde Villazón por el paso no habilitado conocido como «Ladrillera» cuando fue perseguido por una patrulla del Escuadrón 21. Durante el debate se comprobó que el gendarme Álvarez desobedeció una orden explícita de no disparar y efectuó nueve detonaciones con su arma reglamentaria, de las cuales dos proyectiles impactaron en el cuerpo del joven.
La condena al gendarme Álvarez representa un hito significativo en materia de violencia institucional, aunque el tribunal modificó sustancialmente la carátula original. Los jueces Batule y Matteucci conformaron la mayoría y decidieron excluir los agravantes por alevosía y por la condición de miembro de una fuerza de seguridad, requalificando el delito como homicidio simple con dolo eventual. Esta decisión generó profundo descontento en el entorno de la víctima, ya que la pena máxima se redujo considerablemente. La jueza María Alejandra Cataldi emitió un voto en disidencia, argumentando que debía mantenerse el agravante por la condición de gendarme del acusado.
La condena al gendarme Álvarez abre ahora una nueva etapa procesal. El próximo miércoles 17 de junio a las 8:30 se llevará a cabo la audiencia de cesura para la determinación de la pena. Con la nueva carátula de homicidio simple, la sentencia podría oscilar entre los 8 y los 25 años de prisión. El fiscal federal Federico Zurueta, la auxiliar Marina Cura y el abogado querellante Sebastián Espada han anunciado que utilizarán los argumentos de la disidencia de la jueza Cataldi para presionar por la pena máxima.
Los representantes de la familia de Ivo Torres han manifestado que, aunque la condena al gendarme Álvarez representa un avance en la lucha contra la impunidad, persiste el sabor amargo de ver cómo se diluyó la posibilidad de la reclusión perpetua. El letrado Espada ya adelantó que, una vez fijados los años de cárcel, analizarán minuciosamente los fundamentos para apelar ante la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de revertir la decisión de la mayoría del tribunal y reintegrar los agravantes que devuelvan la posibilidad de la prisión perpetua.
Este caso ha generado un importante precedente en la provincia de Jujuy respecto de los procesos por violencia institucional. La condena al gendarme Álvarez marca un punto de quiebre en la histórica impunidad de los uniformados acusados de delitos graves. Sin embargo, la fractura interna del tribunal y el cambio de carátula demuestran las complejidades que aún persisten en la búsqueda de justicia integral para las víctimas de abuso de autoridad. La comunidad indígena Juan de Quillaques de Barrancas y los allegados de Ivo Torres continúan esperando que se alcance la máxima sanción penal posible. Para más información sobre noticias policiales de Jujuy, consulte nuestro sitio.
