Este martes, el portavoz presidencial Adrián Ravier confirmó durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni continúa bajo un esquema de protección oficial. La decisión, según fuentes del Ejecutivo, responde a amenazas y agresiones que habría sufrido el exfuncionario y su entorno familiar, las cuales fueron denunciadas ante la Justicia.
El operativo de seguridad fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad y está a cargo de efectivos de la Policía Federal Argentina. Desde el Gobierno aclararon que el dispositivo es más reducido que el que acompañaba a Adorni mientras ocupaba un cargo en el Gabinete. Las autoridades evitaron precisar la duración de la custodia por tratarse de información sensible vinculada a la protección del exfuncionario.
En su carta de renuncia al directorio de YPF, Adorni había señalado que no podía seguir exponiendo a su familia a la “carnicería mediática”. El presidente Javier Milei respaldó aquella decisión y afirmó que aceptó la dimisión “indeclinable” porque “con los hijos no se jode”. El entorno del exfuncionario desmintió que utilice vehículos oficiales y aseguró que actualmente se traslada en su automóvil particular.
El oficialismo también informó que otros exfuncionarios mantienen esquemas de custodia por razones de seguridad, entre ellos la actual senadora Patricia Bullrich, quien estuvo al frente del Ministerio de Seguridad en dos oportunidades. En la sección de noticias nacionales de este medio se sigue de cerca la evolución de este caso y otras medidas de protección dispuestas por el Gobierno.
En paralelo, Ravier se refirió a la investigación judicial que involucra a Adorni por presuntas irregularidades administrativas. El vocero descartó que la Casa Rosada lleve adelante una auditoría paralela y remarcó que no existe un mecanismo interno aparte del que ya está tramitando la Justicia. El caso se inició tras las declaraciones de tres empleados de la Jefatura de Gabinete sobre el uso de tarjetas de crédito oficiales para compras personales.
Entre los testigos que prestaron declaración se encuentran la secretaria privada de Adorni, Gisela Kosckis, quien reconoció haber adquirido artículos de blanquería; el coordinador de Información de Gobierno, Luis Enrique Aluju, y la directora de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, quienes admitieron haber comprado proyectores, monitores y equipamiento informático para tareas oficiales. La causa sigue su curso en los tribunales, mientras el Gobierno ratifica que la custodia de Manuel Adorni obedece exclusivamente a criterios de protección personal.
Para más información sobre este tipo de medidas y los procesos judiciales que las acompañan, los lectores pueden consultar la sección de policiales, donde se publican actualizaciones periódicas sobre investigaciones y operativos de seguridad en la provincia y el país.
