Un nuevo avance se registró en la investigación que conmovió a la comunidad jujeña tras la muerte de un detenido que sufrió graves quemaduras en dependencias policiales. El Ministerio Público de la Acusación llevó adelante las audiencias donde se formalizaron cargos contra cuatro efectivos de la Seccional Nº 61, ubicada en el barrio El Chingo de San Salvador de Jujuy.
Los uniformados fueron imputados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante las audiencias imputativas, los cuatro policías comparecieron ante el MPA, donde designaron a sus abogados defensores y fueron informados sobre los hechos investigados, la calificación legal asignada y el material probatorio recopilado hasta el momento. De esta manera, iniciaron formalmente su derecho a defensa dentro del proceso penal que se desarrolla.
La investigación se encuentra actualmente en la etapa de Investigación Penal Preparatoria, en una fase inicial de desarrollo. Los fiscales continuarán recolectando y analizando evidencias para determinar responsabilidades y profundizar en el esclarecimiento de lo sucedido dentro de la comisaría. El caso ha generado una fuerte conmoción en la sociedad jujeña y ha motivado reclamos de familiares y organismos de derechos humanos que exigen respuestas concretas sobre las circunstancias del fallecimiento.
Los hechos ocurrieron cuando el detenido se encontraba bajo custodia en uno de los calabozos de la dependencia policial. Según las versiones iniciales, el hombre habría iniciado un fuego dentro de la celda utilizando un encendedor y quemando un colchón. El detenido había sido aprehendido ese mismo día en el contexto de una causa por violencia, tras protagonizar disturbios también en el barrio El Chingo.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es cómo el interno logró acceder a elementos inflamables como un encendedor, considerando que se encontraba bajo custodia estatal en un espacio donde no debería haber acceso a tales objetos. Tras controlar el fuego, fue trasladado en estado crítico al Hospital Pablo Soria con quemaduras que cubrían el 80% de su cuerpo. Días después, falleció a causa de las lesiones sufridas.
Desde el Ministerio Público de la Acusación se enfatizó que se continuará trabajando para esclarecer completamente los hechos, respetando el debido proceso y avanzando conforme a derecho. La ciudadanía jujeña permanece atenta al desarrollo de esta causa que nuevamente pone en debate el funcionamiento de las dependencias policiales y el control del accionar de las instituciones estatales encargadas de la seguridad.
El caso ha trascendido los límites de la investigación judicial y se ha convertido en un símbolo de las preocupaciones sobre las condiciones de detención y la responsabilidad de los efectivos policiales. Organismos de derechos humanos y familiares del fallecido continúan demandando transparencia y justicia en el proceso que se desarrolla en los tribunales jujeños.
