Desbaratan un punto de venta de drogas en Alto Comedero y recuperan el inmueble

Un procedimiento llevado a cabo por el Ministerio Público de la Acusación logró desbaratar un punto de venta de drogas en el barrio Alto Comedero. Además, se avanza en la recuperación del domicilio donde funcionaba la actividad ilegal para devolverlo al patrimonio provincial.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, la medida fue solicitada por la fiscal de Narcomenudeo, Angélica Solís, y contó con la autorización del juez Pablo Pullen Llermanos. El allanamiento se concretó durante la madrugada de este viernes y estuvo a cargo del ayudante fiscal Abraham González, quien trabajó junto a personal de las fuerzas de seguridad en una vivienda situada en las cercanías del sector Aeroclub.

En el interior de la propiedad, los peritos secuestraron 198 envoltorios de polietileno y dos paquetes más que contenían una sustancia pulverulenta. Tras las pruebas de narcotest, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína y pasta base, con un peso que supera los 108 gramos.

También se incautaron 220.460 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, tarjetas de débito, pendrives, documentación personal y un cuchillo con restos de droga que era empleado para fraccionar las dosis. Como consecuencia de este operativo, cuatro individuos (tres mujeres y un hombre) fueron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

El caso presenta antecedentes, ya que dos personas que administraban el lugar habían sido imputadas con anterioridad y están próximas a enfrentar un juicio oral. Pese a las actuaciones previas, la Fiscalía comprobó que la vivienda fue ocupada nuevamente para continuar con el expendio de sustancias.

Según la investigación, la comercialización se efectuaba de forma rápida a través de un portón ubicado en el frente del domicilio, lo que impedía observar el interior. Ante la reiteración del delito en ese sitio, el Ministerio Público de la Acusación acreditó que el terreno pertenece nominalmente al Estado Provincial. Finalizado el allanamiento, la Justicia ordenó la consigna policial permanente y la custodia del inmueble como paso previo al desalojo y la posterior restitución formal de la propiedad al Estado.