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Desfalco en Tilcara: condenan al ex intendente y a su ex tesorero

El ex intendente de Tilcara y su ex tesorero fueron condenados por un desfalco de 35 millones de pesos. La sentencia incluye inhabilitación perpetua.

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Redacción
20 de agosto, 2026 · 20:03 · 2 min de lectura
Desfalco en Tilcara: condenan al ex intendente y a su ex tesorero

La Justicia de Jujuy puso fin a una investigación por corrupción en el municipio de Tilcara. El Tribunal Colegiado de Juicio dictó sentencia contra el ex intendente Ricardo Alfredo Romero y su ex tesorero Juan José Ortega, quienes aceptaron su culpabilidad en un esquema que provocó un daño económico de 35 millones de pesos a las arcas municipales.

El caso se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por el fiscal Diego Funes, del Ministerio Público de la Acusación. Según se pudo reconstruir, la maniobra principal ocurrió a principios de 2018 y consistió en la emisión de 43 cheques sin fondos contra cuentas oficiales de la comuna. Los cheques estaban destinados al productor Adolfo Enrique Pedroza, y para darles apariencia legal se utilizaron convenios ficticios de “garantía”.

Además de la defraudación, el ex jefe comunal fue acusado por abuso de autoridad. Romero entregó directamente, sin licitación y sin aprobación del Concejo Deliberante, la organización y el uso de marca de los festivales del Enero y Febrero Tilcareño de 2018 y 2019 al mismo productor. A cambio, el municipio solo recibía el 10% de la venta de entradas, mientras que el privado se quedaba con el 100% de los ingresos.

La investigación también confirmó exacciones ilegales agravadas. Romero habría exigido un pago ilícito a un proveedor para acelerar el cobro de facturas, y para recibir ese dinero facilitó los datos de su caja de ahorro personal.

Finalmente, las pruebas presentadas por la fiscalía y los querellantes llevaron a que los ex funcionarios reconocieran los hechos. Romero fue condenado a tres años de prisión en ejecución condicional, mientras que Ortega recibió dos años de prisión en suspenso. Como sanción accesoria, el tribunal dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, lo que les impide volver a la función pública. Ambos deberán cumplir reglas de conducta y quedar bajo la supervisión del Patronato de Liberados durante dos años.

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