Un conjunto de operadores de transporte y técnicos mecánicos que fueron cesanteados de la empresa Santa Ana presentaron denuncias formales por haber sido despedidos luego de solicitar incrementos en sus remuneraciones y exigir la aplicación de la escala salarial nacional establecida por la UTA. Estos trabajadores sostienen que fueron intimidados durante una sesión de negociación con los directivos de la compañía y cuestionan severamente las decisiones judiciales adoptadas, ya que la acusación penal fue archivada en dos ocasiones distintas.
El conflicto laboral habría comenzado en las últimas semanas de marzo, cuando siete empleados que contaban con una antigüedad de entre diez y veinte años iniciaron reclamaciones por diferencias en sus salarios. Conforme a lo manifestado por el letrado defensor Sebastián Espada, el treinta de marzo fueron citados a una reunión donde se les presentó un dilema: desistir de la acción judicial o enfrentar la terminación de sus contratos laborales.
Según la versión de la defensa, los trabajadores realizaron una grabación del encuentro y en la reproducción de audio se escucharían expresiones de amenaza relacionadas con la permanencia laboral en el sector del transporte. “Les comunicaron que si no retiraban el juicio no podrían trabajar nunca más en la industria porque Santa Ana y El Urbano serían las únicas empresas favorecidas en la nueva licitación”, expresó el abogado defensor.
La acusación penal por amenazas coactivas fue desestimada por la Fiscalía de Jujuy en una primera instancia. La defensa cuestionó esta resolución al señalar que el fiscal responsable del caso ni siquiera habría escuchado la grabación que fue presentada como evidencia fundamental. No obstante, el Procurador General de la provincia ordenó la reapertura del expediente al considerar que el archivo había sido “precipitado”. A pesar de esta intervención, hace pocos días la causa volvió a ser rechazada bajo el argumento de que se trata de una controversia laboral y no de un delito penal. Ante esta situación, la defensa presentó una nueva impugnación y denunció una supuesta resistencia del Ministerio Público de la Acusación para investigar los hechos de fondo del caso.
El abogado de los trabajadores también alertó sobre una situación que afecta directamente a las familias de los despedidos. De acuerdo con su explicación, la empresa habría informado ante los organismos de control que las liquidaciones finales ya fueron pagadas, con montos que oscilarían entre los diez y veinte millones de pesos. Esta circunstancia impediría que los exempleados puedan acceder al fondo de desempleo y otros beneficios sociales, ya que en los registros oficiales figurarían como trabajadores que ya recibieron sus indemnizaciones.
Mientras aguardan una nueva resolución de la autoridad judicial, los choferes y mecánicos mantienen su reclamo y aseguran que continuarán visibilizando el conflicto hasta obtener respuestas tanto de la Justicia como de la empresa Santa Ana. En abril pasado, estos trabajadores realizaron una manifestación en la Plaza Belgrano para hacer público su caso, aclarando que no exigían ser reincorporados a sus puestos, sino únicamente el pago de las indemnizaciones y los montos correspondientes a sus cesantías. Para más información sobre este tema, consulte nuestras noticias locales de Jujuy.
