Transcurridas casi tres semanas desde los hechos ocurridos en el contexto del conflicto salarial que atraviesa la Policía de Jujuy, la investigación sobre la presunta detención irregular de un efectivo policial continúa sin registrar avances significativos ni formulación de imputaciones en su contra, situación que genera creciente inquietud en el círculo cercano del agente afectado.
El letrado defensor del efectivo, Adrián Iconomovich, manifestó que la denuncia correspondiente fue presentada el día 11 de marzo del presente año y que, hasta la fecha, no ha recibido respuesta alguna por parte del Ministerio Público de la Acusación, ni tampoco comunicación oficial que informe sobre el estado actual de la investigación en cuestión.
Conforme a los relatos proporcionados por el abogado, el agente identificado como Nina fue interceptado el 10 de marzo en la vía pública por un contingente integrado por aproximadamente diez efectivos pertenecientes a la División de Delitos Complejos, quienes procedieron a reducirlo, trasladarlo hacia distintas dependencias policiales y, presuntamente, someterlo a actos de violencia tanto física como psicológica. Además, según la denuncia, fue obligado a estampar su firma en un documento cuyo contenido le fue imposible conocer previamente.
“El procedimiento ejecutado resultó completamente irregular. No existe constancia documental de una orden de detención legítima, circunstancia que podría constituir un hecho de gravedad institucional extrema”, expresó Iconomovich, quien incluso caracterizó la situación como un posible “secuestro de carácter institucional”. La detención irregular de policía ha generado preocupación en distintos sectores de la provincia.
De acuerdo con lo expuesto en la denuncia formal, durante el operativo el efectivo sufrió lesiones en la extremidad superior y en la región dorsal de la columna vertebral. Fue trasladado sucesivamente a diferentes dependencias policiales, incluyendo la Unidad de Caballería, y le fueron sustraídas pertenencias personales de valor, entre ellas su dispositivo telefónico celular, al cual le extrajeron la tarjeta de identificación de usuario, lo que imposibilitó su funcionamiento posterior.
El profesional del derecho también enfatizó que su cliente no participó en las manifestaciones de protesta que realizaron efectivos policiales en las inmediaciones de la Casa de Gobierno ni en la Plaza Belgrano, y que fue aprehendido al día siguiente de los incidentes, precisamente cuando se trasladaba hacia una consulta de atención médica. Esta circunstancia refuerza los argumentos sobre la irregularidad de la detención.
En la actualidad, el efectivo se encuentra atravesando una situación de salud delicada, requiriendo atención psicológica y psiquiátrica especializada, lo que le impide reintegrarse a sus labores habituales dentro de la institución. “Su estado emocional se deteriora progresivamente con el transcurso del tiempo y ante la ausencia de respuestas concretas”, señaló Iconomovich. La detención irregular de policía ha dejado secuelas importantes en la salud mental del agente.
La estrategia de defensa se orienta hacia la identificación tanto de los responsables directos de los actos como de aquellos que habrían impartido las órdenes para ejecutar el procedimiento. “Existen responsabilidades de carácter directo y también responsabilidades de orden jerárquico que requieren ser investigadas a fondo”, manifestó el letrado.
Ante la persistencia de la falta de avances en la causa, los defensores no descartan la posibilidad de elevar el caso ante la justicia federal, considerando que podrían haberse vulnerado derechos de rango constitucional. Mientras tanto, continúa creciendo la preocupación por la ausencia de definiciones en una causa que, según remarcaron los involucrados, expone posibles actos de apremio ilegal, abuso de autoridad y una preocupante demora en la actuación de los órganos judiciales competentes.
