La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó un proyecto que modifica sustancialmente el régimen penal juvenil vigente en el país. La iniciativa busca reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser procesados penalmente por delitos considerados graves. Esta decisión generó intensas discusiones entre los legisladores y dejó al descubierto posiciones encontradas, incluso dentro de las propias bancadas. Los representantes jujeños en el Congreso Nacional no fueron la excepción y expresaron sus posturas de manera diferenciada respecto a esta reforma.
Entre los diputados nacionales que representan a Jujuy en la Cámara baja, cuatro legisladores votaron a favor de la medida que busca endurecer el tratamiento penal de menores infractores. Alfredo González, Manuel Quintar y Bárbara Andreussi, todos integrantes de La Libertad Avanza, acompañaron la aprobación del proyecto argumentando que el sistema actual requiere modernización. Jorge Rizzotti, legislador del bloque PU, también respaldó la iniciativa. Estos diputados sostienen que es necesario actualizar las normas para responder a delitos cometidos por adolescentes en contextos de mayor conflictividad social. La imputabilidad diputados Jujuy mostró así una mayoría favorable a la reforma en la provincia.
Sin embargo, no todos los representantes jujeños compartieron esta posición. Guillermo Snopek, diputado de la bancada Unidad para el Cambio, fue el único legislador provincial que rechazó frontalmente el proyecto. Su voto en contra se fundamentó en la convicción de que reducir la edad de imputabilidad no aborda las causas profundas de la delincuencia juvenil. Snopek enfatizó que el Estado debe priorizar políticas públicas orientadas a la inclusión social, el acceso a educación de calidad y programas de prevención antes que optar por medidas que endurezcan el sistema penal. Por su parte, María Inés Zigarán, también del bloque PU, decidió abstenerse de participar en la votación, aunque estuvo presente durante los debates en el recinto.
El debate sobre la imputabilidad diputados Jujuy refleja una división más amplia que atraviesa a toda la clase política nacional. Los sectores que impulsaron la reforma sostienen que la legislación penal juvenil que rige desde la última dictadura militar se encuentra completamente desactualizada y no responde a la realidad actual. Argumentan que es fundamental contar con herramientas legales que permitan procesar penalmente a menores que cometen delitos graves. En contraste, los bloques opositores y organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos de criminalizar la pobreza y señalan que especialistas en infancia cuestionan la efectividad de estas reformas para reducir la delincuencia.
Ahora que la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto, el debate se trasladará al Senado de la Nación, donde se espera una discusión igualmente polarizada. El resultado final dependerá de las negociaciones políticas entre el oficialismo y los bloques opositores en un contexto legislativo fragmentado. La votación sobre imputabilidad diputados Jujuy anticipará cómo se alinearán los legisladores provinciales en futuras discusiones vinculadas a seguridad pública, justicia penal y políticas sociales. Mientras tanto, desde distintos sectores de la sociedad civil continúan expresando sus posiciones respecto a una reforma que genera profundas controversias sobre cómo el Estado debe responder ante la delincuencia juvenil.
La postura de cada legislador jujeño quedó registrada en los anales del Congreso Nacional, marcando un precedente importante para entender cómo la provincia se posiciona frente a temas de seguridad y justicia. Este tipo de votaciones son fundamentales para comprender las prioridades políticas de cada representante y su visión sobre cómo construir una sociedad más segura. La política provincial seguirá de cerca cómo evoluciona este proyecto en el Senado y cuál será el rol de los legisladores jujeños en las próximas etapas del debate legislativo.
