Diputados: sin quórum, se cayó la sesión por Malvinas y el Banco Central
El oficialismo no logró reunir el quórum necesario y la sesión fallida por falta de quórum dejó sin debate la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central.
La sesión que el oficialismo había convocado en la Cámara de Diputados no pudo arrancar. La convocatoria la había impulsado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, acompañado por otros legisladores del oficialismo, con el objetivo de tratar proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios. El resultado fue una sesión fallida por falta de quórum: las ausencias de diputados de Provincias Unidas y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) resultaron decisivas para que el debate no se abriera.
Pese a que los bloques habían acordado antes cómo organizar la discusión, el encuentro no prosperó. La jornada legislativa estaba calculada para extenderse más de 13 horas, sin contar homenajes, cuestiones de privilegio ni otros planteos parlamentarios. Ese acuerdo sobre los tiempos, de todos modos, no implicaba que todas las bancadas fueran a votar a favor de las iniciativas.
Qué preveía la Ley Malvinas
Entre los proyectos que quedaron sin tratar aparece la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas. La propuesta apuntaba a modificar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y a fijar nuevas disposiciones en materia de defensa, seguridad nacional e inteligencia.
El punto que más discusión había generado en comisiones era el de la injerencia extranjera en los procesos electorales argentinos. El texto contempla penas de cinco a doce años de prisión para acciones organizadas o financiadas con el fin de interferir en elecciones o condicionar decisiones de las autoridades en beneficio de intereses foráneos. Sectores opositores y legisladores dialoguistas cuestionaron ese apartado, sobre todo por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión.
En el trabajo en comisiones se agregaron excepciones para proteger actividades periodísticas, diplomáticas y académicas, aunque las diferencias sobre el alcance de esas garantías continuaban. La iniciativa también preveía crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente de la Nación, con funciones de coordinación en defensa, seguridad e inteligencia. El oficialismo aspiraba a la aprobación general, pero seguía negociando algunos artículos.
La reforma del Banco Central y el resto de la agenda
Otro tema central era la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto había vuelto a Diputados tras las modificaciones del Senado y fija como objetivo principal de la autoridad monetaria preservar el valor de la moneda. Además, plantea vedar el financiamiento directo e indirecto del Tesoro Nacional a través de adelantos transitorios y otros mecanismos de emisión monetaria. En pocas palabras, busca poner límites a que el Banco Central financie al Gobierno nacional emitiendo dinero.
La iniciativa también cambia el destino de las ganancias de la entidad, que deberían orientarse en primer lugar a cubrir pérdidas acumuladas, fortalecer el patrimonio o cancelar deuda pública. Como el Senado había modificado las condiciones para designar y remover a las autoridades del Banco Central, Diputados debía resolver si aceptaba esos cambios o insistía con su versión original.
La agenda legislativa sumaba otros asuntos: el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza; modificaciones al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur; dos convenios para transferir competencias judiciales de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y cambios en la Ley 24.467, vinculada con las pequeñas y medianas empresas, para ampliar el alcance de herramientas de promoción a cooperativas. También estaban previstos un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada Patricia Walsh y un posible reconocimiento a las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Nada de esto pudo abordarse.
Para el Gobierno nacional, el traspié complica su estrategia parlamentaria, sobre todo cuando busca avanzar con otras iniciativas, entre ellas el Presupuesto 2027. El oficialismo deberá ahora conseguir los acuerdos necesarios para volver a convocar a una sesión y asegurar la presencia de al menos 129 diputados. La diferencia de apenas tres legisladores dejó una conclusión clara: aunque haya acuerdos para organizar un debate, sin el número mínimo de representantes el Congreso no puede empezar a sesionar ni votar los proyectos. Más información en noticias políticas y nacionales.





