La provincia de Jujuy atraviesa una nueva crisis institucional tras la distribución de los haberes correspondientes al mes de abril. La disparidad en liquidaciones policiales ha generado un profundo malestar entre los efectivos de seguridad, quienes denuncian un trato discriminatorio que contradice los compromisos asumidos por la administración provincial.
Mientras que el personal administrativo de la policía recibió un incremento del cuatro por ciento, en línea con lo establecido para el resto de la administración pública, otros sectores de las fuerzas de seguridad experimentaron aumentos significativamente mayores. El personal del escalafón de seguridad percibió incrementos que alcanzaron hasta el treinta por ciento, con montos que oscilan entre ciento ochenta mil y trescientos mil pesos. Esta disparidad en liquidaciones policiales ha generado una brecha salarial que los efectivos administrativos califican como «sideral».
El personal penitenciario también resultó afectado por esta política de aumentos desigual, recibiendo incrementos cercanos al quince por ciento, una cifra que tampoco satisface las expectativas de los trabajadores. Los efectivos del sector administrativo expresan su frustración señalando que la diferencia salarial con el personal de seguridad, que anteriormente rondaba los ochenta o cien mil pesos, se ha ampliado considerablemente, dejándolos en una situación que califican como contraria a la dignidad laboral.
La situación se agrava por el incumplimiento de los compromisos verbales asumidos durante las negociaciones de marzo. Según voceros de las fuerzas, la administración provincial ofreció un aumento del treinta y cinco por ciento en todos los conceptos para equilibrar el desfasaje inflacionario. Sin embargo, la disparidad en liquidaciones policiales evidencia que esta promesa no se concretó de manera uniforme, generando la percepción de que se trató de una maniobra dilatatoria.
Este conflicto presenta implicaciones que trascienden el ámbito policial. El Gobierno ha establecido un techo del cuatro por ciento para toda la administración pública, pero la disparidad en liquidaciones policiales demuestra que esta directiva no se aplicó uniformemente. Esta inconsistencia genera interrogantes sobre los criterios utilizados para la distribución de recursos y abre la puerta a reclamos similares de otros sectores, como docentes, trabajadores de salud y empleados públicos en general.
Los familiares de los policías han convocado a una manifestación para el próximo lunes, en respuesta a lo que consideran un incumplimiento de los acuerdos alcanzados. Esta movilización representa el acumulado de meses de tensión, iniciados con el escándalo de los sobresueldos de la plana mayor, reflejados en las resoluciones número setenta y siete y número setenta y ocho, que beneficiaron a los mandos superiores mientras la base esperaba mejoras salariales.
La provincia enfrenta una semana crítica en la que el malestar institucional podría traducirse en acciones de protesta contundentes. La disparidad en liquidaciones policiales no solo ha dividido internamente a las fuerzas de seguridad, sino que también ha puesto en cuestión la credibilidad de los compromisos asumidos por la administración provincial. El efecto espejo de esta decisión podría generar nuevos conflictos laborales en otros sectores del Estado, profundizando la crisis de gobernanza que enfrenta Jujuy.
