Tras semanas de incertidumbre y conflictividad en las fuerzas de seguridad, la administración provincial emitió un comunicado oficial aclarando los términos de las negociaciones salariales. El anuncio llegó después de la renuncia de Juan Manuel Pulleiro y la designación de Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo titular de la cartera de Seguridad Pública, en medio de fuertes demandas del personal uniformado respecto al aumento policial Jujuy.
El mensaje desde Casa de Gobierno fue categórico: tanto los efectivos de la Policía de la Provincia como los del Servicio Penitenciario recibirán incrementos que se ajustarán estrictamente al porcentaje establecido para la totalidad de empleados estatales. Normando Álvarez García, ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, fue quien comunicó esta decisión de manera firme, subrayando que “nunca el Gobierno va a salir del general de la pauta que tiene acordada con todos los gremios estatales”. Esta declaración buscaba cerrar cualquier posibilidad de interpretaciones sobre un trato diferenciado para la fuerza.
La propuesta que finalmente se concretó contempla un esquema de incrementos escalonados que totaliza un 10% en línea con lo pactado en el resto de la administración pública. Sin embargo, la administración incluyó elementos adicionales en su oferta: la incorporación de un rubro por presentismo y mejoras en los conceptos vinculados a títulos y posgrados. Con esta combinación de beneficios, el Gobierno asegura que un agente recién egresado del instituto de formación percibirá un mínimo neto de 1.150.000 pesos mensuales a partir de marzo, según lo anticipado por noticias policiales locales.
Los conflictos previos, particularmente los bonos millonarios otorgados a mandos superiores y grupos operacionales específicos, generaron profundo malestar en las bases de la institución policial y pusieron en evidencia las grietas en la tan promocionada “paz social” que el Ejecutivo pregona constantemente. La movilización y los reclamos de los uniformados evidenciaron tensiones internas que la administración buscaba contener mediante este anuncio oficial.
Álvarez García aprovechó la ocasión para reivindicar el rol de la Policía, describiéndola como el “sostén de la paz” y pilar fundamental de la estructura provincial. Esta caracterización respondía a un intento de apaciguar los sectores más combativos de la fuerza y los jubilados, quienes habían manifestado su descontento de manera pública. El discurso oficial buscaba transmitir que se reconocía la importancia de la institución sin hacer concesiones que pudieran desencadenar una cascada de demandas salariales.
La estrategia gubernamental apunta claramente a evitar un “efecto dominó” en las negociaciones políticas provinciales. Las autoridades son conscientes de que cualquier flexibilización en el aumento policial Jujuy abriría inmediatamente las puertas a reclamos similares de docentes y trabajadores del sector salud, colectivos que ya observan atentamente cada movimiento desde la Casa de Gobierno. Por eso la postura se mantiene inflexible: hay acuerdo, hay ítems nuevos incorporados, pero no habrá excepciones ni desviaciones de la pauta general.
Lo que resta por verse es cómo evolucionarán las paritarias que el Ejecutivo convocó para la próxima semana y de qué manera estos resultados impactarán finalmente en los bolsillos de los uniformados. La administración mantiene su línea dura, pero la historia reciente demuestra que en materia de conflictividad laboral, los anuncios no siempre se traducen en paz institucional.
