El Chingo: Vecina sigue siendo acosada pese a protección policial
Una habitante del barrio El Chingo permanece bajo vigilancia de la policía, aunque las agresiones de sus vecinos no han cesado. La mujer lleva más de ocho años viviendo en la zona y ha presentado múltiples denuncias ante las autoridades sin obtener resultados concretos.
El conflicto surgió cuando la vecina rechazó invitaciones para participar en actividades ilícitas relacionadas con la distribución de estupefacientes en el sector. Desde entonces, ha enfrentado intimidaciones constantes, golpes en su puerta durante la madrugada, vigilancia de motociclistas y observaciones permanentes de quienes residen en las casas adyacentes.
Aunque su caso fue difundido en medios de comunicación y cuenta con resguardo policial, los ataques continúan. La mujer relata que los agresores aprovechan los momentos en que no hay presencia uniformada para reanudar sus acciones intimidatorias. “Hice denuncias, vino la policía, hablé en los medios… pero nada cambia. Ellos siguen acá, a metros de mi casa”, expresó.
Según sus registros, ha presentado más de veinte denuncias en diferentes comisarías, pero las investigaciones quedan archivadas, cambian de responsables o no avanzan. También ha sido víctima de agresiones físicas, amenazas de muerte y ataques dirigidos hacia su hija y hermana.
Residentes que prefieren guardar anonimato confirmaron que el barrio convive con varios puntos de comercialización de drogas desde hace años. Manifestaron que existe un clima de miedo generalizado para denunciar, ya que temen represalias de los grupos involucrados. “Acá todos saben lo que pasa, pero nadie quiere hablar”, comentaron.
La situación refleja una problemática más amplia en sectores vulnerables: la falta de respuestas efectivas frente al narcomenudeo y la violencia barrial. Quienes se atreven a denunciar quedan expuestos sin garantías reales de seguridad. La mujer insiste en que requiere una solución integral porque su familia continúa en riesgo, más allá de la custodia policial que actualmente recibe.
Este caso vuelve a evidenciar las dificultades del sistema de justicia para resolver conflictos de esta naturaleza en comunidades donde el crimen organizado mantiene control territorial y los vecinos denunciantes quedan vulnerables ante represalias.