El fiscal no acusó a Adorni por enriquecimiento ilícito pero pidió investigar una posible evasión fiscal

La Fiscalía dio a conocer su dictamen el viernes 6 de noviembre, luego de revisar la documentación que Manuel Adorni presentó para respaldar su patrimonio, en especial los ingresos que dijo haber obtenido con inversiones en Bitcoin antes de sumarse al Gobierno. El planteo no implica que el exfuncionario haya quedado sobreseído ni que la causa esté terminada: para el fiscal, aún hay movimientos económicos y declaraciones fiscales que requieren análisis. La decisión sobre el futuro del expediente quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir si acepta el cambio de competencia y lo remite al fuero Penal Económico.

La investigación se originó en una denuncia de la diputada Marcela Pagano y se centró en la evolución patrimonial de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026, etapa en la que ocupó cargos en el Poder Ejecutivo. En ese lapso, la Fiscalía detectó gastos por unos 402.578 dólares, de los cuales cerca de 374.000 habrían sido pagados en efectivo, y una diferencia que supera los 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y los desembolsos realizados.

Entre las operaciones examinadas figuran la compra de una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, un departamento en Caballito, reformas inmobiliarias, viajes y otros gastos familiares. Para justificar esos fondos, Adorni afirmó que invirtió cerca de 200.000 dólares en criptomonedas entre 2014 y 2018 y que luego obtuvo 591.544 dólares con la venta de esos activos. La Fiscalía analizó ocho direcciones digitales aportadas por la defensa y las pericias confirmaron que las billeteras existían y tuvieron movimientos en esos años, aunque no se pudo establecer con certeza quién las controlaba entonces ni reconstruir del todo la identidad de quienes participaron en las operaciones. Con esos elementos, el fiscal consideró que no alcanzaba para descartar la explicación sobre el origen previo del dinero, ya que el enriquecimiento ilícito exige acreditar un incremento patrimonial apreciable e injustificado durante la función pública.

Sin embargo, el dictamen advirtió sobre posibles irregularidades tributarias que deben investigarse: los ingresos usados para comprar criptomonedas, la venta de esos activos, la tenencia de dólares en efectivo y las diferencias entre las operaciones y lo declarado ante los organismos fiscales. También se revisarán operaciones inmobiliarias y préstamos privados cuya entrega efectiva de dinero no pudo acreditarse por completo, además de bienes y fondos incorporados en declaraciones juradas rectificativas presentadas después de iniciada la causa. Esas circunstancias podrían habilitar una pesquisa por eventuales delitos vinculados con Ganancias, Bienes Personales u otras obligaciones tributarias, por lo que se pidió remitir el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. El fiscal también solicitó examinar por separado posibles irregularidades tributarias de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo y del contratista Matías Tabar, y remitir antecedentes sobre la actuación de la escribana Adriana Mónica Nechevenko al organismo profesional correspondiente. Por ahora no hay condena ni resolución definitiva sobre las sospechas fiscales.