El Gobierno nacional controlará escuelas durante el paro docente y evalúa sanciones

La administración nacional llevará a cabo una supervisión del funcionamiento de los establecimientos educativos durante la huelga docente convocada para el lunes 3 de agosto. Desde el Ministerio de Capital Humano se informó que se realizarán inspecciones y se recopilarán datos en diversas provincias para verificar el cumplimiento del servicio mínimo obligatorio.

Esta acción se enmarca en la protesta anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que exige mejoras salariales, mayor financiamiento y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.

Modalidad del control durante la medida de fuerza

De acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social efectuará una inspección de tipo muestral en escuelas de todo el país. El propósito es determinar cómo se presta el servicio durante la jornada de protesta.

Las agencias territoriales del organismo tendrán la responsabilidad de relevar la actividad en las instituciones, registrar el nivel de funcionamiento y posteriormente elevar los resultados a la administración central. Hasta el momento, no se ha especificado la cantidad de escuelas que serán inspeccionadas ni las provincias que formarán parte del operativo.

En un comunicado oficial, el Gobierno expresó que el objetivo es constatar que las entidades gremiales convocantes aseguren una cobertura equivalente al 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

Si se detectara un incumplimiento, Capital Humano advirtió que se pondrán en marcha los protocolos correspondientes para evaluar la aplicación de sanciones contra las organizaciones sindicales. Estas medidas no serán automáticas: primero se deberá comprobar la falta, identificar la obligación no respetada y llevar a cabo el procedimiento administrativo pertinente.

Marco legal para la educación

El operativo se sustenta en el artículo 101 de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó como servicios esenciales el cuidado de menores y la educación en los niveles inicial, primario, secundario y especial.

La norma establece que, durante los conflictos colectivos, no se puede acordar ni imponer una cobertura inferior al 75% de la prestación normal del servicio. También fija obligaciones de aviso previo y la necesidad de definir cómo se garantizará el funcionamiento mínimo durante la medida de fuerza.

Ese porcentaje no implica necesariamente que deba asistir el 75% de los docentes o que se abran tres de cada cuatro escuelas. La evaluación podría considerar diferentes variables, como la cantidad de establecimientos abiertos, cursos cubiertos, horas de clase y personal disponible.

Motivos de la convocatoria al paro nacional

CTERA convocó al paro del lunes como parte de un plan de lucha contra las políticas educativas del Gobierno nacional. Entre sus demandas principales se encuentran la reapertura de la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y una nueva ley de financiamiento educativo.

La organización también reclamó mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos, y manifestó su rechazo a posibles cambios en el sistema jubilatorio docente.

Próximos pasos tras el relevamiento

Una vez concluido el relevamiento, las agencias territoriales elaborarán un informe nacional sobre el nivel de actividad registrado. Con esa información, Capital Humano podrá cerrar la actuación, realizar intimaciones o iniciar un procedimiento sancionatorio si considera que no se garantizó el servicio mínimo exigido por la legislación.