El Senado debate este jueves la reforma de Zona Fría y los subsidios al gas

Este jueves, la Cámara alta pondrá en discusión la reforma de Zona Fría, el régimen que regula los subsidios al gas. El texto mantiene el beneficio general para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero las localidades sumadas al sistema con la ampliación de 2021 dejarían de contar con el subsidio automático por su ubicación geográfica.

El proyecto toma como referencia ingresos mensuales de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2 del INDEC. Además, prevé situaciones especiales para hogares con integrantes que perciban una Pensión Vitalicia para Veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP). En el caso de los hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quedarían sujetos a una evaluación posterior.

El tope de tres CBT coincide con el criterio de exclusión que hoy rige para el SEF. Otro de los cambios centrales pasa por la forma de calcular el beneficio: el descuento se aplicaría solo sobre el componente del precio del gas y ya no sobre el total de la factura que emiten las distribuidoras.

Desde la Secretaría de Energía explicaron durante el debate legislativo que el consumo de gas seguiría teniendo cierto nivel de subsidio para determinados usuarios, mientras que el cargo fijo dejaría de recibir el beneficio. Las estimaciones oficiales citadas en la discusión ubicaron en unos $15.000 mensuales el incremento promedio para usuarios de zonas templadas que pasen a pagar el cargo fijo completo, y en unos $25.000 para determinados usuarios de zonas frías.

La modificación impactaría sobre todo en las localidades incorporadas al régimen en 2021. Según estimaciones difundidas durante el debate, la reforma alcanzaría a alrededor de 3,35 millones de usuarios en todo el país. El proyecto también contempla que las regiones sumadas en aquella ampliación conserven el beneficio para los hogares que cumplan con los criterios de vulnerabilidad del nuevo esquema.

La votación llega con un escenario abierto. Senadores de Mendoza y La Pampa anticiparon reparos a la reforma, mientras que la senadora cordobesa Alejandra Vigo confirmó su rechazo. El PJ cordobés sostiene que el cambio afectaría a usuarios de la provincia. Vigo afirmó que, según sus estimaciones, alrededor de 700.000 usuarios cordobeses perderían el subsidio bajo el nuevo esquema. Esa cifra corresponde a una estimación planteada por la propia senadora y no a una proyección oficial del proyecto.

Córdoba fue incorporada parcialmente al régimen de Zona Fría durante la ampliación de 2021. La reforma busca retrotraer el beneficio general en las zonas incorporadas entonces y focalizarlo en los hogares que cumplan con los requisitos socioeconómicos. La posición cordobesa se suma a los cuestionamientos de legisladores de otras provincias alcanzadas por la ampliación, lo que dificulta al oficialismo reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto.

Además de la modificación del régimen de subsidios al gas, el proyecto contempla extender hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables. La iniciativa incorpora también un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA.

Para intentar reunir los votos necesarios en el Senado, el Gobierno acordó en agosto con gobernadores del norte un esquema de compensación eléctrica para las provincias de Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron reuniones con los mandatarios en el Palacio de Hacienda y ofrecieron ampliar los subsidios eléctricos para las zonas bioambientales cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor temperatura.

El acuerdo establece que, entre noviembre y abril, el bloque adicional de subsidio para la Zona Muy Cálida pasaría de 300 a 550 kWh, mientras que para la Zona Cálida aumentaría de 150 a 300 kWh. El compromiso no fue incorporado al texto de la ley de Zona Fría que tiene media sanción. El Gobierno se comprometió a instrumentar la ampliación mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial una vez aprobada la reforma en el Senado.

El Gobierno estima que la modificación del régimen permitiría un ahorro de $272.099 millones si se convierte en ley. Actualmente, el esquema genera un déficit de alrededor de $485.000 millones, financiado parcialmente mediante un recargo del 7,5% sobre el gas, que según las estimaciones oficiales resultó insuficiente para cubrir los costos desde la ampliación del régimen en 2021.

Sin embargo, la compensación acordada con las provincias del Norte implicaría un gasto adicional en subsidios eléctricos de entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales, equivalente a unos $134.000 millones al tipo de cambio mayorista mencionado en el informe. De esta manera, el costo de la compensación reduciría aproximadamente a la mitad el beneficio fiscal que el Gobierno busca obtener con la reforma. El ahorro recién se sentiría en 2027.

Otro factor que contempla el escenario es el momento del año en que se discute la reforma. Con el invierno ya finalizado, el ahorro fiscal efectivo comenzaría a materializarse recién en 2027, según las estimaciones citadas. El Gobierno busca así avanzar con la modificación del régimen mientras negocia apoyos de senadores de distintas provincias, especialmente de aquellas que podrían recibir como compensación una ampliación de los subsidios eléctricos durante los meses de mayor consumo.

Si el Senado aprueba el proyecto sin modificaciones, quedaría convertido en ley. Si la Cámara alta introduce cambios, deberá regresar a Diputados para una segunda revisión. La definición será seguida especialmente por las provincias que fueron incorporadas al régimen en 2021, ya que el resultado determinará si mantienen el beneficio general por ubicación o si pasan a un esquema condicionado por ingresos y vulnerabilidad.