El próximo jueves 16 de julio, la Cámara de Senadores llevará adelante una sesión especial en la que se pondrá sobre la mesa el debate de la ley de propiedad privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo que ha generado múltiples revisiones. Además del proyecto central, la agenda incluye una treintena de pliegos judiciales y la denominada Ley Hojarasca, que busca derogar normas consideradas obsoletas.
La convocatoria fue definida durante una reunión de Labor Parlamentaria, en la que el bloque de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo con las bancadas dialoguistas y con Convicción Federal, el espacio surgido del interbloque peronista. Este consenso permitió destrabar el tratamiento legislativo y garantizar los votos necesarios para avanzar con la ley de propiedad privada.
La ley de propiedad privada llega al recinto con su decimotercera versión, que mantiene la prohibición para que empresas de capital extranjero adquieran tierras rurales, y exige autorizaciones de las provincias, del Gobierno nacional y del Congreso para las compras en zonas fronterizas. Además, introduce modificaciones en la Ley de Tierras, el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, aunque eliminó el capítulo referido a la Ley de Barrios Populares.
En materia de ocupaciones, la ley de propiedad privada prevé un procedimiento de desalojo exprés para las tomas ilegales, con un plazo de apenas tres días para la desocupación. En el caso de conflictos entre inquilinos y propietarios por falta de pago, el trámite se extenderá a diez días hábiles. Respecto al manejo del fuego, se conserva la prohibición de alterar el uso de bosques nativos afectados por incendios durante 60 años, aunque se habilita la posibilidad de cambiar el destino de las tierras rurales que hayan sido alcanzadas por el fuego.
Por otro lado, el oficialismo buscará la aprobación de una treintena de pliegos judiciales. Entre ellos se destaca la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el visto bueno del Senado antes de cumplir 75 años el próximo 27 de julio. También se incluye la designación de Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo, para un juzgado federal de Lomas de Zamora que entiende en la causa contra el exintendente Martín Insaurralde y la modelo Jesica Cirio.
La sesión del jueves será crucial para el tratamiento de la ley de propiedad privada, que ha sido objeto de intensas negociaciones. De aprobarse, el Gobierno obtendría una herramienta para agilizar los desalojos y establecer nuevos límites a la posesión de tierras. Para más información sobre el debate legislativo, visite nuestra sección de noticias nacionales. Los resultados del debate se conocerán tras la votación en el recinto.
