Entró en vigencia la ley penal juvenil en todo el país: los cambios clave

Desde el sábado, la Argentina cuenta con un nuevo marco legal para adolescentes que cometen delitos. Se trata de la Ley 27.801, que establece un régimen diferente al que existía hasta ahora. El punto más destacado es que la edad mínima para ser considerado responsable penalmente baja de 16 a 14 años.

El Congreso de la Nación dio sanción a esta norma el 27 de febrero, y su texto se publicó en el Boletín Oficial el 9 de marzo. En su artículo 52 se determinó que la entrada en vigencia ocurriría 180 días después de esa publicación, un plazo que se completó este sábado 5 de septiembre. Con esta nueva legislación, queda reemplazada la Ley 22.278, que regulaba el régimen penal de menores y que, desde una reforma de 1983, establecía que los menores de 16 años no eran punibles.

Con la implementación de la ley penal juvenil, el sistema se aplicará a adolescentes de 14 años en adelante, hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años, considerando siempre la edad que tenían al momento del hecho. Esto implica que un joven de 14 o 15 años acusado de un delito podrá ser sometido a un proceso penal juvenil, algo que no sucedía antes. La norma busca que el adolescente entienda la responsabilidad legal de sus actos y que las medidas tomadas apunten a su educación, resocialización e integración social.

El nuevo régimen prevé diversas sanciones según la gravedad del delito. Entre ellas se incluyen amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, restricciones para concurrir a ciertos lugares o salir del país, servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, reparación del daño y penas privativas de la libertad. También se contemplan medidas complementarias como asistir a programas educativos, capacitación laboral, actividades deportivas o culturales, tratamientos médicos o psicológicos y seguimiento de equipos especializados.

Para delitos con penas de hasta tres años de prisión, la ley indica que la cárcel deberá ser sustituida por alguna de las sanciones alternativas. El marco normativo prioriza las medidas socioeducativas para fomentar la responsabilidad del adolescente y su integración social, y establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso y por el menor tiempo posible, siguiendo estándares internacionales sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.

Otro aspecto central es que los adolescentes no podrán recibir prisión o reclusión perpetua. La pena máxima será de 15 años, incluso si la escala penal del delito superara ese límite. La detención podrá cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en uno especializado, y nunca junto a personas adultas privadas de su libertad.

La Ley 27.801 también amplía la participación de las víctimas en el proceso, quienes podrán recibir asistencia especializada, participar y, en ciertos casos, intervenir en la mediación penal juvenil. Además, los padres de los adolescentes procesados serán civilmente responsables por los daños causados por sus hijos, según lo que establece el Código Civil y Comercial.

La implementación de la ley penal juvenil también afecta a las provincias, que están invitadas a adaptar sus legislaciones procesales y administrativas a los principios del nuevo régimen. La puesta en marcha genera expectativas y dudas en la Justicia de menores, que deberá contar con estructuras, profesionales e institutos preparados para recibir casos de adolescentes de 14 y 15 años, que antes estaban fuera del sistema de punibilidad. En adelante, la adecuación de las prácticas judiciales e institucionales al nuevo esquema será un desafío constante.