Han transcurrido exactamente quince años desde aquel fatídico veintiséis de mayo de dos mil once, fecha en la que ocurrió uno de los crímenes más atroces registrados en la provincia de Jujuy. Katherine, conocida popularmente como Kathy Vilte, era una adolescente de apenas dieciséis años cuando fue brutalmente asesinada. Su único delito había sido asistir a un recital de música en el cine teatro Altos Hornos Zapla, ubicado en la localidad de Palpalá. El cuerpo de la joven fue hallado en un descampado perteneciente al barrio Martijena, presentando signos inequívocos de haber sido golpeada, violada y quemada de manera salvaje.
A lo largo de estos quince años, el femicidio de Kathy Vilte se ha convertido en un símbolo de la profunda crisis que atraviesa el sistema judicial jujeño. La causa continúa formalmente abierta, pero permanece completamente paralizada, sin que existan detenidos ni responsables procesados. Su madre, Florinda Mamaní, y su tía han encabezado una lucha titánica contra la burocracia estatal, enfrentándose a obstáculos que parecen diseñados deliberadamente para dilatar la investigación. Los abogados querellantes que han intentado representar a la familia han sido víctimas de amenazas, viéndose obligados a renunciar a sus cargos. Además, se han denunciado públicamente el extravío y la retención del expediente judicial en las mesas de entrada de los tribunales de la calle Belgrano, impidiendo que se realicen análisis modernos de ADN que podrían esclarecer el caso.
Durante los primeros años posteriores al crimen, la justicia jujeña realizó imputaciones contra tres personas que fueron las últimas en ver con vida a la adolescente. Sin embargo, estas acusaciones fueron desestimadas mediante sentencias de falta de mérito, argumentando deficiencias graves en la recolección de pruebas policiales y científicas. Los responsables de estas imputaciones iniciales fueron el Juez Eduardo Gutiérrez y posteriormente la fiscal María Cravero de Savio, quienes trabajaban bajo el antiguo sistema de Causas Ley. Esta inacción judicial permitió que los sospechosos continuaran en libertad, caminando libremente por las calles de Palpalá mientras la familia de Kathy buscaba justicia.
La desesperación de la familia Vilte alcanzó tal magnitud que se vieron obligados a trasladar sus marchas y reclamos hacia la ciudad de Buenos Aires. En múltiples ocasiones, Florinda Mamaní encabezó movilizaciones frente al Congreso de la Nación y en la Casa de Jujuy, bajo una premisa que refleja la realidad provincial: en Jujuy no existe justicia. Este desplazamiento geográfico de la lucha evidencia el colapso institucional de la provincia para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
El femicidio de Kathy Vilte ha trascendido el ámbito familiar para convertirse en una bandera histórica del movimiento Ni Una Menos y de los colectivos feministas locales. Su caso representa un antecedente directo de la lucha que actualmente sostiene la Ley Iara, demostrando que la matriz de negligencia ante la violencia de género en Jujuy posee raíces profundas que se remontan a más de una década. Cuando en dos mil veinte ocurrió el femicidio de Iara Rueda, los activistas reinstauraron el nombre de Kathy Vilte como el caso testigo de la desidia estatal histórica, evidenciando que la provincia no ha aprendido de sus propios fracasos.
Ante este panorama desolador, resulta imperativo que las máximas autoridades judiciales de la provincia intervengan de manera inmediata y contundente. El Ministerio Público de la Acusación debe emitir un informe detallado y público sobre el estado actual de la causa, especificando bajo qué órbita se encuentra el expediente físico, identificando a los funcionarios responsables de su custodia y detallando qué medidas concretas se están adoptando para reactivar la investigación. La creación de fiscalías especializadas en violencia de género no puede limitarse a ser una respuesta cosmética frente a las marchas del movimiento feminista; debe traducirse en acciones reales que extraigan de la parálisis los casos históricos como el de Palpalá. La sociedad jujeña y la memoria de Kathy exigen respuestas: la impunidad también es complicidad.
A quince años del brutal femicidio de Kathy Vilte, la provincia de Jujuy debe reconocer que el femicidio de Kathy Vilte representa una herida abierta que no cicatrizará mientras persista la inacción. Las promesas oficiales se han diluido con el paso del tiempo, y la familia continúa esperando respuestas que nunca llegan. Este es el momento de que las instituciones demuestren que la vida de las mujeres jujeñas importa, que la justicia no es un privilegio de algunos, y que el femicidio de Kathy Vilte no será olvidado ni perdonado.
