Transcurridos más de veinticuatro meses desde que desapareciera la joven jujeña María Luz Herrera en la provincia de Chaco, la investigación judicial ha experimentado un giro significativo durante el mes de marzo de 2026. El femicidio de María Luz Herrera ha cobrado nuevo impulso con la incorporación de la fiscal Verónica Bastos al equipo de fiscales que ya venía trabajando en la causa, trayendo consigo una serie de medidas destinadas a quebrantar el silencio que mantienen los imputados.
Cecilia Leaño, progenitora de la víctima, confirmó que el pasado lunes prestó su declaración testimonial para detallar los últimos contactos que mantuvo con su hija y proporcionar información acerca del contexto de violencia que caracterizaba la relación de la joven. Durante una entrevista concedida a Radio 2, la madre de María Luz Herrera reveló aspectos particularmente perturbadores sobre el entorno familiar de Darío Ezequiel Godoy, novio de la víctima.
Según el relato de Leaño, existían antecedentes documentados de malos tratos y discusiones de gran intensidad. Estas situaciones no se limitaban únicamente al círculo en el que convivía Luz con su pareja, sino que se extendían a la conducta de la madre del imputado hacia la joven jujeña durante las visitas que realizó para conocer a la familia. Esta información refuerza la teoría de la querella respecto de que la mujer podría haber actuado como encubridora de los hechos, considerando que en un núcleo familiar tan cerrado resultaría improbable desconocer el destino final de la víctima.
En relación con la situación de los detenidos, la justicia chaqueña ha implementado medidas más rigurosas respecto de las condiciones de privación de libertad. Darío Ezequiel Godoy Florentín, principal acusado en el femicidio de María Luz Herrera, fue trasladado desde una comisaría común hacia el Servicio Penitenciario provincial. Simultáneamente, se revocó el beneficio de prisión domiciliaria que gozaba Darío Ismael Godoy, padre del imputado, tras comprobarse que violaba sistemáticamente la medida al ingresar y egresar de su domicilio ubicado en un pueblo del interior chaqueño sin supervisión alguna.
La fiscalía ha decidido ampliar los peritajes cibernéticos, enfocándose específicamente en la nube de los dispositivos móviles de los acusados. Esta estrategia busca recuperar fotografías, datos de geolocalización y mensajes que los imputados intentaron eliminar mediante el reseteo de fábrica de los teléfonos. Además, la justicia ha ordenado el traslado por fuerza pública de testigos que se rehusaban a declarar, individuos que habrían tenido contacto con el imputado durante las horas críticas posteriores a la desaparición.
Para la familia de la víctima, el objetivo trasciende la imposición de la pena máxima. Cecilia Leaño expresó con firmeza que requieren conocer el paradero de su hija para poder repatriarla a Jujuy, proporcionarle una sepultura digna y dar inicio a un proceso de duelo que actualmente permanece en suspenso. Con la elevación de la causa a juicio próxima a concretarse, la esperanza de la familia se renueva en la búsqueda de una condena que ponga fin a años de incertidumbre y falsedades, permitiendo que la justicia repare el daño causado por el femicidio de María Luz Herrera.
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