En la ciudad de Río Gallegos, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio por concluidas las audiencias correspondientes al juicio ARA San Juan, una causa que busca esclarecer las responsabilidades penales en el hundimiento del submarino ocurrido el 15 de noviembre de 2017. La lectura del veredicto está prevista para este miércoles, luego de que los cuatro acusados pronunciaran sus últimas palabras ante los jueces. El proceso judicial se inició el pasado 3 de marzo de 2026 y se extendió durante más de cuatro meses, con un total de más de treinta audiencias.
Los imputados en este juicio ARA San Juan son los exoficiales de la Armada Argentina Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. La Fiscalía los acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes. Durante las jornadas de debate, el tribunal escuchó a más de 90 testigos, entre los que se incluyeron submarinistas, excomandantes, especialistas técnicos, oficiales superiores de la Armada y familiares de las víctimas.
Uno de los ejes centrales del debate fue determinar si el submarino se encontraba en condiciones seguras para realizar su última misión. La Fiscalía sostuvo que la nave zarpó con un estado de alistamiento precario y con deficiencias en el mantenimiento que incrementaron los riesgos de la navegación. Por su parte, las defensas argumentaron que las tareas pendientes no comprometían la seguridad náutica y que la unidad estaba habilitada para operar. También señalaron que numerosos submarinistas y oficiales declararon que las observaciones registradas no impedían cumplir con la operación.
Durante el juicio ARA San Juan se revisaron las condiciones técnicas del submarino tras su reparación de media vida, el estado de las baterías y el ingreso de agua reportado por el comandante Pedro Fernández el 14 de noviembre de 2017. Al día siguiente, se ordenó cancelar la misión y regresar a Mar del Plata, pero cerca de las 10.51 se registró una anomalía hidroacústica que luego fue asociada a una implosión. La acusación cuestionó que, después de la avería, no se hubiera ordenado navegar en superficie ni se hubiera convocado de inmediato a especialistas.
El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Luis Enrique López Mazzeo y para Claudio Javier Villamide; cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Héctor Aníbal Alonso; y tres años y seis meses de prisión para Hugo Miguel Correa. Las querellas que representan a los familiares también reclamaron condenas, afirmando que durante el debate se acreditaron negligencias y omisiones en la cadena de mando. En cambio, las defensas pidieron la absolución de los acusados y, en el caso de Villamide, plantearon la nulidad de la acusación.
El hundimiento del submarino causó la muerte de sus 44 tripulantes. Los restos del ARA San Juan fueron hallados un año después por la empresa Ocean Infinity, a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur. A casi nueve años de la tragedia, el veredicto que se conocerá esta jornada representa la primera definición judicial sobre las responsabilidades penales de los exintegrantes de la conducción naval. Para seguir toda la información sobre este caso, puede consultar la sección de noticias nacionales y también las noticias policiales de nuestro sitio.
El tribunal deberá ahora resolver entre dos interpretaciones enfrentadas: la de la Fiscalía y las querellas, que atribuyen responsabilidades a la cadena de mando, y la de las defensas, que afirman que no se probó una relación penal directa entre las acciones de los acusados y la implosión. La expectativa es máxima entre los familiares de las víctimas y la sociedad argentina, que espera una definición judicial después de años de investigación. Este juicio ARA San Juan marca un hito en la búsqueda de justicia por una de las mayores tragedias de la historia naval del país.
