Fiscalía sostiene que Kirchner fue receptora final de sobornos en juicio Cuadernos
En la quinta jornada del proceso judicial por el caso Cuadernos, el fiscal federal Carlos Stornelli presentó sus argumentaciones acusatorias contra la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, señalando que fungió como beneficiaria última de los fondos ilícitos entregados por empresarios durante su administración.
Según la acusación leída ante los tribunales, la ex presidenta no solo ocupaba el cargo máximo en la nación, sino que además “tomaba posesión final de la mayoría del dinero” que los empresarios entregaban en concepto de pagos irregulares. El requerimiento fiscal, que alcanzó 678 páginas en su totalidad, identificó el departamento ubicado en la calle Uruguay del barrio porteño de Recoleta como un punto neurálgico donde se concentraban estos fondos provenientes de actividades delictivas.
La investigación fiscal determinó que Héctor Daniel Muñoz, quien se desempeñaba como secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, actuaba como intermediario en la transferencia de dinero hacia los domicilios de la ex jefa de Estado. Roberto Baratta, por su parte, fue identificado como el primer eslabón en la cadena de recepción y distribución de estos recursos. La fiscalía concluyó que ambos personajes funcionaban como conductos para que los fondos llegaran finalmente a manos de Fernández de Kirchner.
Durante la audiencia, que se extendió durante varias horas, se detalló que la ex presidenta poseía la capacidad exclusiva de determinar el destino y utilización de la mayoría de los sobornos recaudados. Testigos colaboradores mencionaron entregas de valijas conteniendo dinero en efectivo, algunas de las cuales superaban los diez kilogramos de peso, que posteriormente eran trasladadas hacia distintas propiedades vinculadas a la familia Kirchner.
Claudio Uberti, ex funcionario del OCCOVI que se convirtió en imputado colaborador, relató haber presenciado aproximadamente veinte valijas en el departamento de Recoleta. Según su testimonio, Muñoz le indicó que esos recursos tenían como destino final la residencia que los Kirchner poseían en Río Gallegos, específicamente en la esquina de calle 25 de Mayo, donde contaban con bóvedas de seguridad adquiridas al Banco Hipotecario.
La acusación fiscal también menciona que cantidades significativas de dinero fueron distribuidas hacia la Quinta de Olivos, la Casa Rosada y el inmueble de Juncal y Uruguay, siendo este último caracterizado como el centro principal de almacenamiento de los fondos provenientes de diversas empresas. Fernández de Kirchner enfrenta cargos por asociación ilícita y cohecho en veintidós ocasiones distintas en esta causa central.
La ex mandataria siguió la lectura de los cargos en su contra mediante conexión telemática desde el domicilio donde cumple arresto domiciliario en San José 1111, tras haber sido condenada a seis años de prisión en el caso Vialidad. La fiscalía enfatizó que la ex presidenta recibió dinero de los empresarios específicamente para ejercer su influencia política a favor de sus intereses comerciales.