Indignación por la liberación de policía acusado de abuso en Jujuy

La decisión del juez Roberto Darío Assef de conceder la libertad al sargento de la Policía Federal Argentina (PFA), imputado por abuso gravemente ultrajante y acceso carnal agravado, ha generado un fuerte malestar en la comunidad.

El magistrado tomó esta medida tras negar una prórroga de solo 20 días que la fiscalía había solicitado para finalizar la etapa de pruebas. Esta resolución no solo ha dejado en una situación de gran vulnerabilidad a la víctima, sino que también ha reavivado el debate sobre la influencia de las fuerzas de seguridad en el caso.

La abogada querellante, Mariana Vargas, expresó su contundencia al afirmar que el acusado, quien se desempeñaba en la división de inteligencia de la PFA, cuenta con un respaldo institucional que busca asegurar su impunidad. La letrada reveló que, durante la investigación, un efectivo de la Policía Federal se presentó en el domicilio de la madre de la menor para comunicarle que un superior “quería hablar con ella para ver cómo resolvían la situación”.

El caso ya arrastraba un historial de hostigamiento. Antes de esta resolución, la familia de la adolescente había denunciado amenazas de muerte, el robo en su vivienda y el uso no autorizado de teléfonos celulares por parte del efectivo mientras estaba detenido en la comisaría. La situación llegó a tal punto que las víctimas tuvieron que contratar seguridad privada por sus propios medios.

La liberación inmediata del imputado ha encendido las alarmas. A pocas horas de salir de la celda para trasladarse a su nuevo domicilio en Tilcara, la familia comenzó a recibir llamadas sospechosas desde Buenos Aires. “Estamos ante un sargento que trabajaba en inteligencia y que tiene una fuerza de seguridad que lo apaña”, advirtió Vargas, quien remarcó el peligro de coacción a los testigos, entre los que se encuentran los propios hijos del acusado, y el posible entorpecimiento de la etapa final antes del juicio oral.

A pesar de que la causa cuenta con pruebas contundentes, como grabaciones de los ataques, el resultado de la Cámara Gesell y la acreditación de que la víctima y su madre contrajeron una enfermedad de transmisión sexual tras los abusos, el efectivo esperará el proceso en libertad mientras tramita su retiro.

Ante este panorama, la querella presentará un recurso de impugnación urgente para reponer la prisión preventiva. Mientras tanto, la familia y la Multisectorial de Mujeres han convocado a una marcha para este lunes a las 18 en Plaza Belgrano.