Las autoridades judiciales federales avanzan en una investigación de gran envergadura que involucra a dos adolescentes menores de 16 años, uno de los cuales tiene domicilio en La Quiaca. Los jóvenes están siendo investigados por participar en conversaciones a través de plataformas digitales donde se discutía la posibilidad de ejecutar un ataque violento contra una institución educativa.
El Ministerio Público Fiscal sostiene como teoría principal que los menores radicalizados escuelas podrían haber sido atraídos y manipulados por personas adultas. Según esta línea de investigación, los mayores de edad habrían promovido un proceso sistemático de radicalización con el propósito de utilizar a los adolescentes para llevar a cabo acciones de extrema peligrosidad. De haberse concretado, tales hechos hubieran representado una amenaza seria para la comunidad, particularmente en espacios educativos donde se concentra población vulnerable.
El expediente se encuentra bajo la responsabilidad de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, dirigida por la fiscal Laura Mazzaferri. Este caso marca un hito importante al ser el primer procedimiento en la jurisdicción, bajo el nuevo sistema acusatorio implementado desde abril de 2025, que investiga a menores radicalizados escuelas por delitos de semejante gravedad.
Durante el mes de enero, específicamente el día 30, se ejecutaron operativos de allanamiento en múltiples ubicaciones, incluyendo La Quiaca, con el objetivo de incautar equipos tecnológicos y otros elementos relevantes para el avance de la causa. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina fue el encargado de llevar a cabo estas diligencias. El procedimiento contó con la autorización del juez de Garantías Santiago Inchausti, quien también ordenó la participación inmediata de la Asesoría de Menores para resguardar los derechos constitucionales de los implicados.
La apertura de la investigación se produjo tras una comunicación oficial del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que fue canalizada a través de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). En esa notificación, el organismo estadounidense alertaba sobre diálogos mantenidos en redes sociales donde se hacía mención a un plan para ejecutar una “masacre” en un colegio “repleto de menores”, junto con referencias a armamento, entrenamientos en tiro y actos de violencia extrema. Los intercambios de mensajes también contenían expresiones de odio y comentarios discriminatorios dirigidos contra diversos sectores de la población, así como alusiones a perpetradores de tiroteos en establecimientos educativos en otros países.
En relación a la clasificación legal, los hechos bajo investigación podrían encuadrar en delitos contra el orden público y en normativas que sancionan actos discriminatorios. Sin embargo, los investigadores no descartan otras líneas de pesquisa, entre ellas la posibilidad de que exista un componente patrimonial relacionado con la financiación de estas actividades. La complejidad del caso y la participación de menores radicalizados escuelas requiere un abordaje integral que considere todos los aspectos de la investigación.
Las autoridades han enfatizado la importancia de este procedimiento como un antecedente significativo en materia de seguridad pública y protección de espacios educativos. La intervención coordinada entre organismos federales, fiscales especializados y la justicia de garantías refleja el nivel de prioridad asignado a este tipo de investigaciones en el contexto actual de amenazas a la seguridad ciudadana.
