Las autoridades judiciales de la provincia de Jujuy han avanzado en la implementación de medidas destinadas a controlar el acceso de personas deudoras de obligaciones alimentarias a establecimientos de juego. Con esta finalidad, la Suprema Corte de Justicia, la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) y el Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY) han suscripto un acuerdo de cooperación interinstitucional que busca fortalecer los mecanismos de protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia.
El convenio fue rubricado el treinta de abril de dos mil veintiséis por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Federico Otaola; la jueza de la Suprema Corte de Justicia y directora de la ONNA, Mercedes Arias; y el presidente del INPROJUY, Walter Morales. En el acto de firma también participaron los jueces del Alto Cuerpo de Justicia Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Eduardo Uriondo y Gonzalo de la Colina, junto con el vicepresidente del INPROJUY, Leandro Meyer; la secretaria de Justicia de la Provincia, Marcela Infante; el coordinador de Justicia, Franco Bravo; y las coordinadoras de la ONNA Carolina Bidondo y Lucrecia Oviedo.
El acuerdo establece un marco de articulación entre las instituciones firmantes orientado a implementar sistemas de restricción de ingreso a las salas de juego y casinos dirigidos a quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). Para ello, se utilizarán mecanismos de intercambio de información y herramientas técnicas de control que se alinean con las normativas de regulación del juego responsable y de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Federico Otaola, presidente de la Suprema Corte de Justicia, destacó la importancia de esta iniciativa al señalar que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias genera situaciones de desprotección en las familias, especialmente en menores de edad, afectando no solamente la alimentación sino también el acceso a educación y servicios de salud. Asimismo, enfatizó que es fundamental que el Estado genere herramientas para combatir esta problemática y que los poderes públicos trabajen de manera coordinada en pos de objetivos comunes basados en la cooperación.
Por su parte, Mercedes Arias, directora de la ONNA, agradeció la articulación interinstitucional y expresó que desde el Estado se debe brindar el mejor servicio de justicia, lo que implica trabajar de forma conjunta para enfrentar el flagelo que representan los deudores alimentarios. Arias también mencionó que existe una ley previa, la número seis mil cuatrocientos noventa y ocho, y que es momento de avanzar en su implementación efectiva.
Walter Morales, presidente del INPROJUY, manifestó su satisfacción por la firma del convenio y expresó que la institución viene trabajando en distintos aspectos vinculados al control y la regulación del juego. Morales subrayó que esta problemática impacta directamente en la sociedad y que es fundamental colaborar en todo lo que contribuya al bienestar de las familias y al cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Mariano Miranda, vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, informó que el próximo seis de mayo se realizará la primera reunión de presentación del convenio con los jueces de familia, a fin de establecer los protocolos necesarios para su puesta en funcionamiento. Por último, Marcela Infante, secretaria de Justicia, presentó un informe sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, detallando que desde su creación se han emitido más de treinta mil quinientos certificados, y destacó la articulación permanente con el Poder Judicial para continuar fortaleciendo estas acciones. Consulte más noticias locales de Jujuy en nuestro sitio.
