Dos situaciones que en apariencia nada tienen que ver entre sí revelan un patrón inquietante en la provincia: la utilización de instituciones judiciales como herramientas de represión contra opositores y críticos. El caso de los comunicadores en redes sociales y las acusaciones contra funcionarios judiciales de alto rango muestran cómo se ha instrumentalizado el aparato estatal.
En enero de 2024, Nahuel Morandini y Roque Villegas fueron capturados por sus mensajes en plataformas digitales dirigidos hacia la familia del entonces gobernador Gerardo Morales. Ambos permanecieron encerrados durante más de 50 jornadas en cárceles provinciales, enfrentando acusaciones que contemplaban condenas de múltiples años. Lo que generó indignación nacional fue la desproporción evidente entre lo que escribieron y las consecuencias legales que sufrieron, además de denuncias sobre irregularidades en sus detenciones y condiciones de encarcelamiento.
El procesamiento acelerado de este expediente, las decisiones rápidas de encarcelamiento preventivo y la participación del Ministerio Público de la Acusación en cada etapa del procedimiento levantaron sospechas sobre si realmente se buscaba administrar justicia o simplemente silenciar críticas. Expertos en derechos humanos llegaron desde distintas provincias para documentar lo que consideraban un abuso de poder institucional.
Recientemente, la defensa de Facundo Pederiva presentó nuevas acusaciones en las oficinas del MPA, esta vez contra el ex procurador Sergio Lello Sánchez y el senador Ezequiel Atauche. Según la presentación, ambos habrían coordinado un esquema sofisticado de fabricación de expedientes, reubicación de fiscales y presión sobre jueces. El abogado Julián Martín Palmieri acompañó la denuncia con documentación y comunicaciones que supuestamente demuestran esta conspiración institucional.
Lo que conecta ambos casos es la sospecha de que la maquinaria judicial provincial ha funcionado como un instrumento de represión selectiva. Mientras algunos reciben castigos severos por expresarse en internet, otros que ocupaban posiciones de poder dentro del sistema habrían orquestado operaciones complejas para perseguir a sus adversarios. Esta asimetría sugiere que la ley no se aplica de manera uniforme, sino que responde a intereses políticos específicos.
Las similitudes entre ambas situaciones trascienden los detalles particulares: en los dos casos se cuestiona la independencia de los organismos encargados de administrar justicia. Se plantea si realmente existe separación entre el poder político y el judicial, o si la provincia ha permitido que se confundan las funciones hasta el punto de convertir a los tribunales en extensiones del gobierno de turno.
Estos hechos han generado alarma entre abogados, defensores de derechos humanos y ciudadanos que se preguntan si es seguro expresar opiniones críticas en Jujuy. La percepción de que el sistema judicial puede ser utilizado como arma contra opositores socava la confianza en las instituciones y plantea interrogantes profundos sobre el estado de la democracia provincial. Las investigaciones en curso determinarán si estas acusaciones tienen fundamento, pero el daño reputacional ya está hecho.
