La justicia jujeña ha dictado una sentencia de considerable magnitud contra Sergio Ricardo Córdoba, quien deberá cumplir quince años de prisión efectiva tras ser hallado responsable de múltiples delitos cometidos en San Salvador de Jujuy. El fallo fue emitido el lunes 29 de diciembre de 2025 por un tribunal integrado por las juezas Ana Carolina Pérez Rojas, Felicia Ester Barrios y María Alejandra Tolaba.
Los cargos en contra de Córdoba incluyen cinco hechos delictivos graves. Entre ellos figuran robos perpetrados con armas de fuego en concurso real, delitos que lo convierten en reincidente según lo determinado por las magistradas. El tribunal también resolvió que permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario provincial durante el cumplimiento de su condena.
En paralelo, el proceso judicial también incluyó a César Luis Córdoba, quien fue procesado por delitos similares. Sin embargo, las juezas decidieron absolverlo por el beneficio de la duda, considerando que no existía evidencia suficiente para condenarlo en los casos de robo con arma de fuego que enfrentaba.
Los hechos investigados ocurrieron en dos momentos distintos. El primero se remonta al 25 de noviembre de 2023, cuando Córdoba participó en el robo de un vehículo Volkswagen UP en las cercanías de un local bailable ubicado en el barrio Sargento Cabral. Posteriormente, utilizando las llaves sustraídas, ingresó a una vivienda en el barrio Alberdi donde amenazó a una mujer con un arma de fuego, sustrayendo dinero en efectivo y dispositivos móviles.
Meses después, el 31 de diciembre de 2023, Córdoba protagonizó una serie de asaltos contra comercios dedicados a la venta de carnes en diferentes sectores de la capital provincial. En estos ataques, utilizó un arma de fuego tipo pistola de color negro para intimidar a los comerciantes y sustraer dinero de las cajas registradoras. Los robos ocurrieron en establecimientos ubicados en el barrio San Francisco de Alaba y en el sector B1 del barrio Alto Comedero.
Esta condena representa un hito importante en la lucha contra la delincuencia en Jujuy, demostrando la capacidad del sistema judicial provincial para investigar, procesar y sancionar a quienes cometen delitos violentos. La sentencia también subraya la gravedad con la que se tratan los robos a mano armada en la provincia, especialmente cuando se trata de víctimas vulnerables como comerciantes y residentes de viviendas particulares.
