El Tribunal de Revisión de Jujuy ha tomado una decisión determinante en un caso de narcotráfico que mantiene en vilo a la comunidad de San Pedro de Jujuy desde agosto de 2024. La instancia judicial, conformada por la doctora Gisela Macina y los doctores Néstor Paoloni y Vicente Apaza, ha resuelto aumentar significativamente la pena impuesta al acusado Carlos Rojas Ortiz, elevándola a seis años de prisión de cumplimiento efectivo tras considerar que la sentencia anterior resultaba insuficiente y errónea en sus fundamentos legales.
En una audiencia de impugnación celebrada durante el martes de la semana pasada, la Fiscalía logró revertir una decisión anterior que había resultado controvertida en los círculos judiciales locales. El tribunal de juicio, integrado por la doctora Claudia Moreno, Jorge Marcelo Ibáñez y Juan Cabezas, había condenado al imputado únicamente a cuatro años de prisión, reduciendo además la calificación de los cargos a la categoría de tenencia simple y amenazas. Sin embargo, los fiscales apelaron esta resolución argumentando que las pruebas de comercialización de estupefacientes eran contundentes y suficientes para una condena más severa.
Carlos Rojas Ortiz se había convertido en una figura mediática en la región del Ramal por sus denuncias seriales contra funcionarios públicos, fiscales e intendentes de la zona. No obstante, la investigación judicial reveló que esta actividad de denuncia coexistía con operaciones ilícitas vinculadas al narcomenudeo y la distribución de drogas. El material probatorio que el Tribunal de Revisión consideró determinante para aumentar la condena incluye elementos de gran relevancia penal.
Durante un allanamiento realizado en el Barrio Santa Ana de San Pedro, las autoridades secuestraron noventa y cuatro coma nueve gramos de cocaína, junto con balanzas de precisión y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia. Posteriormente, tras permanecer en condición de prófugo con una orden de detención vigente, Rojas Ortiz fue capturado en la zona céntrica de la ciudad portando cantidades adicionales de estupefacientes y otra balanza que llevaba entre sus prendas de vestir. Además de estas pruebas materiales, dos cómplices detenidos en la misma causa aceptaron su responsabilidad penal en un juicio abreviado y declararon que el condenado era quien los reclutaba para realizar tareas de venta callejera de la sustancia.
Un aspecto fundamental que pesó en la decisión del Tribunal de Revisión fue el historial delictivo del acusado. Carlos Rojas Ortiz no era un delincuente de primera vez, sino que ya contaba con una condena condicional previa por tenencia de estupefacientes con propósitos de comercialización. Esta reincidencia en actividades de narcotráfico fue considerada por los magistrados como un factor determinante para imponer una pena de cumplimiento efectivo en una institución penitenciaria, descartando cualquier posibilidad de condena condicional o suspensión de la pena.
La resolución del Tribunal de Revisión representa un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Jujuy, demostrando que la Justicia provincial está dispuesta a revisar sentencias que considera insuficientes cuando existen pruebas contundentes de actividades delictivas graves. El caso de la condena narcotráfico San Pedro ha generado una fuerte resonancia mediática en toda la región del Ramal, donde los vecinos demandaban medidas más severas contra la distribución de drogas en sus comunidades.
Con esta sentencia, el Tribunal de Revisión ha cerrado un capítulo importante en la investigación de redes de narcomenudeo que operaban en San Pedro de Jujuy, enviando un mensaje claro sobre la determinación de las autoridades judiciales para combatir el tráfico de estupefacientes. La pena de seis años de prisión efectiva que ahora debe cumplir Carlos Rojas Ortiz representa una victoria para los fiscales que apelaron la sentencia anterior y una respuesta a las demandas de seguridad de la comunidad local.
