La causa que involucra al empresario Oded Edgardo Kindermann, de 48 años, acusado de cometer múltiples actos de abuso sexual agravado contra una menor bajo su cuidado, registra importantes movimientos en la esfera judicial que podrían intensificar su situación legal en las próximas jornadas.
Durante una audiencia ante el magistrado Martín Athayde Moncorvo, se tomaron decisiones significativas que benefician tanto a la Fiscalía como a los intereses de la querella. La letrada Patricia Tabera, quien representa a la familia de la víctima, confirmó estos avances en una entrevista concedida a Radio 2, donde explicó que se extendió la medida de privación de libertad del imputado con el propósito de realizar investigaciones adicionales destinadas a identificar posibles víctimas adicionales y cómplices involucrados en los hechos denunciados.
Entre las diligencias ordenadas figura una en particular que generó resistencia desde la defensa técnica del acusado, quien solicitó su suspensión. Sin embargo, el tribunal resolvió que dicha prueba debe ejecutarse sin excepción. Tabera subrayó la trascendencia de estas medidas: “Tenemos pocas herramientas en este tipo de delitos que se dan en cuatro paredes. El juez lo dijo claramente: no se puede cercenar prueba”. La defensa argumentó que estas investigaciones podrían afectar negativamente el proceso, pero la magistratura desestimó tal objeción.
Otro aspecto relevante fue el intento de la defensa por imponer restricciones a la cobertura periodística, solicitando que las partes involucradas se abstuvieran de hacer declaraciones públicas. Justificaron esta petición alegando que la difusión mediática perjudicaría la reputación de la familia Kindermann. Tabera rechazó categóricamente esta pretensión, argumentando que la transparencia informativa cumple una función social fundamental: “Hablar en cuatro paredes aleja al servicio de justicia de la comunidad. Los medios cumplen un rol social: permiten que aparezcan nuevas víctimas que hoy pueden estar ocultas y atemorizadas”.
La abogada querellante enfatizó que la cobertura realizada hasta el momento ha mantenido los estándares éticos necesarios, protegiendo la identidad de la menor afectada y de otros menores que participan como testigos. Asimismo, cuestionó desde una perspectiva de derechos de género la intención de limitar la expresión pública, destacando que las víctimas y testigos deben tener la libertad de manifestarse en todos los espacios cuando existen deficiencias en el sistema judicial.
El juez Moncorvo desestimó la solicitud de censura mediática, estableciendo que cualquier conducta abusiva en la cobertura periodística sería responsabilidad del medio o periodista específico involucrado, rechazando así la imposición de restricciones generales a la prensa. Las nuevas diligencias probatorias deberán completarse en un plazo de treinta días, durante los cuales el Ministerio Público de la Acusación ejecutará los peritajes ordenados. Tabera manifestó su urgencia por avanzar en el proceso: “Estamos acelerando todo lo posible. La familia necesita un cierre para poder empezar a curarse psicoemocionalmente”, y valoró la colaboración del organismo acusador en la tramitación de la causa.
