El máximo tribunal de la Nación ha emitido una resolución que genera un giro significativo en el desarrollo de la denominada Megacausa, el expediente que se encarga de investigar el presunto desvío de aproximadamente 1.400 millones de pesos que fueron destinados a la construcción de viviendas sociales en la provincia de Jujuy.
La Corte Suprema de Justicia ha ordenado a la Cámara de Casación Penal Federal que emita un nuevo pronunciamiento respecto de la competencia territorial del caso. Esta decisión se fundamenta en el hecho de que los recursos económicos que se investigan fueron transferidos por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Obras Públicas. Por esta razón, el máximo tribunal considera que la justicia ordinaria de Jujuy no posee la jurisdicción necesaria para resolver sobre el fondo de la cuestión.
La resolución de la Corte Suprema pone en cuestión la validez legal de los sobreseimientos que fueron dictados a principios de este mes por el juez de Control en lo Penal Económico, Rodolfo Fernández. Entre los beneficiarios de esta medida se encuentran el exgobernador Eduardo Fellner y los intendentes y exjefes comunales Raúl “Chuli” Jorge, Julio Moisés, Adrián Mendieta y Ramón Ale, entre otros funcionarios locales.
Al declararse la incompetencia de la justicia ordinaria de Jujuy, todos los actos procesales que fueron realizados por los magistrados locales podrían ser declarados nulos. Esta situación implicaría que los exfuncionarios y jefes municipales volverían a su condición previa de imputados, quedando ahora supeditados a las decisiones del Juzgado Federal N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Julián Ercolini.
El expediente analiza la falta de ejecución de 1.680 viviendas y las fallas estructurales que se presentan en otras 320 unidades. La causa involucra tanto a exfuncionarios provinciales como a funcionarios nacionales, entre ellos José López y Germán Nivello, además de la dirigente de la Organización Tupac Amaru, Milagro Sala. Con el traslado de las actuaciones al fuero federal, se unificará el proceso bajo una misma jurisdicción, lo que permitirá que todas las investigaciones se tramiten de manera conjunta.
La Corte Suprema aún tiene pendiente resolver un pedido de las defensas para declarar la nulidad de todo lo actuado en Jujuy. Los abogados defensores argumentan que la justicia provincial “usurpó” funciones que le corresponden exclusivamente a la Nación desde el inicio de la instrucción en el año 2016. Esta decisión podría tener implicaciones significativas para el futuro de la Megacausa y para todos los imputados involucrados en el caso.
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