La Defensoría del Pueblo de la provincia de Jujuy se sumó al pronunciamiento oficial emitido por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), manifestando su preocupación institucional respecto de la Resolución número 28 del año 2026, dictada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación. Esta normativa suprime el sistema de compensaciones económicas que se otorgaban a las empresas de transporte automotor interjurisdiccional por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, individuos trasplantados y menores de edad diagnosticados con cáncer.
En el documento oficial, la ADPRA advierte que, aunque la resolución mantiene formalmente el derecho a la gratuidad y la obligación de las empresas transportistas de proporcionar los pasajes sin costo, la supresión de las compensaciones económicas podría ocasionar obstáculos concretos para que las personas accedan efectivamente a este beneficio. Esta situación se agrava en ausencia de mecanismos complementarios de supervisión, seguimiento y aplicación de sanciones ante incumplimientos.
La asociación señala que la medida se fundamenta en la libertad tarifaria establecida para el transporte automotor de pasajeros interjurisdiccional, bajo el argumento de que las empresas estarían en condiciones de absorber el costo de los pasajes gratuitos dentro de su estructura económica. Sin embargo, sostiene que dicho argumento no constituye una garantía suficiente de cumplimiento y que la resolución no incorpora nuevas herramientas de auditoría, trazabilidad ni control que permitan verificar la efectiva emisión de los pasajes gratuitos a los beneficiarios.
ADPRA considera que la supresión de las compensaciones, en un contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector transporte, puede traducirse en mayores dificultades para las personas con discapacidad al momento de ejercer su derecho al transporte gratuito. Entre las posibles consecuencias menciona la restricción de cupos disponibles, trabas burocráticas en los procesos de reserva, rechazo de solicitudes o reducción de servicios en corredores de menor rentabilidad económica.
El pronunciamiento también recuerda que el Estado argentino tiene la obligación de garantizar condiciones materiales para el ejercicio real de los derechos de las personas con discapacidad. En ese sentido, destaca que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 23, establece la adopción de medidas de acción positiva destinadas a garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato. Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce obligaciones específicas vinculadas a la accesibilidad y la movilidad personal de este colectivo.
Del mismo modo, ADPRA advierte que la medida debe analizarse a la luz del principio de progresividad y no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Una política que elimina herramientas de sostenimiento material de un derecho sin establecer mecanismos alternativos equivalentes puede generar cuestionamientos respecto de su impacto efectivo sobre la población beneficiaria. Por tal motivo, la entidad solicita al Estado Nacional la implementación inmediata de sistemas de seguimiento, auditoría y trazabilidad para la emisión de pasajes gratuitos, el fortalecimiento de los mecanismos sancionatorios ante incumplimientos por parte de las empresas transportistas, la preservación de canales accesibles para la reserva de pasajes y la adopción de medidas concretas que garanticen que la eliminación del régimen de compensaciones no derive en una disminución del acceso efectivo a este derecho.
La Defensoría del Pueblo de Jujuy acompaña y adhiere en todos sus términos al pronunciamiento de ADPRA, reafirmando su compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, reafirma su compromiso con el acceso efectivo a las prestaciones y garantías reconocidas por la normativa vigente en materia de políticas sociales en Jujuy. La eliminación de estas compensaciones económicas genera incertidumbre sobre el cumplimiento real de los pasajes gratuitos discapacidad y se suma a otras decisiones que vienen impactando sobre el colectivo de las personas con discapacidad en el territorio nacional.
