La Justicia ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y anuló parte del decreto que la frenaba

El juez federal Martín Cormick, al frente del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, resolvió que el Gobierno nacional debe poner en marcha de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario. Además, declaró inconstitucional un fragmento del Decreto 759/2025, con el cual el Poder Ejecutivo había puesto condiciones para ejecutar esa norma.

El magistrado aceptó los amparos que presentaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) contra el Estado nacional. Según el fallo, el Ejecutivo tendrá que dictar las medidas reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley 27.795.

El aspecto del decreto que quedó cuestionado es la cláusula del Decreto 759/2025 que indicaba que la promulgación de la ley se hacía “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629”. A partir de esa referencia, el Gobierno había supeditado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.

Cormick entendió que esa disposición operó, en la práctica, como una nueva instancia de veto después de que el Congreso ya había rechazado el veto presidencial y ratificado la norma con una mayoría de dos tercios. De acuerdo con el juez, el decreto se convirtió en un “mecanismo extraconstitucional”, porque suspendió los efectos de una ley cuya sanción había quedado firme tras la insistencia del Poder Legislativo.

La Ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y luego vetada por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 647/2025. Diputados y Senadores la volvieron a aprobar con las mayorías especiales que prevé la Constitución, y después de eso el Gobierno debió promulgarla.

La normativa abarca medidas relacionadas con la actualización de los salarios docentes y no docentes, el financiamiento de las universidades nacionales, las becas estudiantiles, los programas de investigación y los hospitales universitarios.

En el expediente también se tomaron en cuenta acuerdos paritarios alcanzados entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios universitarios. Entre esos puntos se fijó una actualización salarial del 24,33%, repartida en un 21,33% desde junio y otro 3% en octubre. Asimismo, se pactó una recomposición del 20% para gastos de funcionamiento, una partida especial de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% para las Becas Manuel Belgrano.

Durante el proceso judicial, las universidades sostuvieron que el mecanismo usado por el Ejecutivo significaba un nuevo veto de hecho y afectaba la división de poderes. La UBA también afirmó que la falta de actualización presupuestaria de los últimos años había generado una pérdida importante del poder adquisitivo de docentes y no docentes, además de dificultades para sostener el funcionamiento de facultades, colegios y hospitales universitarios.

El Gobierno, por su parte, defendió la legalidad del decreto. Sus representantes plantearon que la suspensión no había sido una decisión discrecional del Ejecutivo, sino la aplicación de normas vigentes que establecen que toda ley que genere nuevos gastos debe determinar cómo serán financiados. También mencionaron el impacto fiscal que tendría la ejecución de la norma.

Cormick rechazó esos argumentos y señaló que la propia Ley de Financiamiento Universitario contemplaba mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la posibilidad de reasignar partidas y utilizar incrementos de la recaudación por encima de las estimaciones previstas.

Con la sentencia conocida este martes 6 de octubre, el juzgado ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario y adoptar las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Se trata de un fallo de primera instancia, por lo que la decisión puede ser recurrida.