El parlamento provincial jujeño finalizó un proceso de selección que había dejado vacantes en la estructura del poder judicial. Durante las sesiones desarrolladas el 27 de noviembre, los legisladores analizaron y aprobaron cinco propuestas enviadas desde el Ejecutivo para cubrir posiciones tanto en la magistratura como en organismos de persecución penal.
El procedimiento comenzó cuando la comisión de Asuntos Institucionales, presidida por Gisel Bravo, evaluó exhaustivamente a los candidatos propuestos. Tras entrevistas personalizadas y análisis de sus antecedentes profesionales, la comisión concluyó que todos los postulantes poseían la capacidad técnica y la trayectoria requerida para desempeñarse en estos roles de relevancia institucional. El diputado Santiago Jubert impulsó la convocatoria a una sesión extraordinaria para materializar las votaciones correspondientes.
Cuatro abogados fueron designados como integrantes del tribunal de mayor jerarquía judicial en la provincia. Gonzalo Cesar de La Colina, Eduardo Esteban Uriondo, Jorge Lisandro Aguiar y Emma María Mercedes Arias obtuvieron la aprobación legislativa mediante los acuerdos 17, 18, 19 y 20 respectivamente. Estos profesionales del derecho cuentan con extensas trayectorias en el ámbito jurídico provincial, consolidándose como figuras respetadas en sus respectivos campos de actuación.
Aguiar, quien recientemente renunció a su cargo en el cuerpo deliberativo municipal, suma experiencia tanto en funciones públicas como en la práctica legal. Por su parte, Arias se destaca por haber ejercido responsabilidades administrativas de envergadura, incluyendo su gestión como Jefa de Departamento Legales en el Instituto Provincial de Juegos de Azar y su rol como Directora Provincial de Asuntos Jurídicos, demostrando versatilidad en la administración estatal.
Adicionalmente, el cuerpo legislativo respaldó la incorporación de Diego Eduardo Chacón al Ministerio Público de la Acusación en calidad de Procurador General Adjunto, mediante la aprobación del acuerdo número 21. Esta designación complementa la renovación de autoridades judiciales que la provincia requería para fortalecer sus instituciones.
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Con estas resoluciones, Jujuy cierra un período caracterizado por la falta de cobertura completa en su máxima instancia judicial. Las nuevas autoridades asumen sus funciones en consonancia con lo establecido en la Constitución provincial, reflejando el compromiso legislativo de dotar al sistema de justicia con profesionales de reconocida solvencia y dedicación institucional. El proceso representa un hito importante para la estabilidad y funcionamiento del aparato judicial provincial.
