Durante la primera sesión extraordinaria del período legislativo, los diputados jujeños concretaron la aprobación de múltiples iniciativas de relevancia provincial. Entre las decisiones más trascendentes destaca la sanción de la Ley Nº 6490, que establece el marco presupuestario para el próximo ejercicio fiscal con una asignación total de $2.663.750.291.667 destinada a financiar tanto la administración central como los organismos descentralizados de la provincia.
El presupuesto 2026 distribuye los recursos de manera estratégica entre diferentes áreas de gestión estatal. La Administración General recibirá $983.911.388.019, mientras que Seguridad contará con $271.223.435.694. El sector Salud accederá a $370.108.870.693, Bienestar Social a $151.504.745.340, y Cultura y Educación a $621.952.852.025. Complementan esta distribución las asignaciones para Ciencia y Técnica ($352.671.734), Desarrollo Económico ($199.293.000.629), Deuda Pública ($44.655.724.608) y Gastos a Clarificar ($20.747.602.925). El diputado Guido Luna, en su rol de miembro informante, enfatizó que esta herramienta presupuestaria, junto con la Cuenta de Inversión del ejercicio 2024, permite que la ciudadanía conozca con transparencia el destino de los fondos públicos. Destacó además que el presupuesto 2026 representa un incremento del 34% respecto al año vigente, consolidando los recursos necesarios para que el gobierno cumpla sus compromisos en cada sector y cartera ministerial, con especial énfasis en la reactivación de obras públicas.
Paralelamente, la Cámara aprobó la Ley Nº 6491 de Estímulos Fiscales para el Fortalecimiento de la Economía Provincial, que busca impulsar la industria manufacturera local mediante medidas impositivas. Esta normativa también propicia la incorporación de nuevos contribuyentes al sistema formal de ingresos brutos con incentivos temporales, además de otorgar beneficios a quienes regularicen su situación tributaria. El diputado Juan Brajcich subrayó que estas regulaciones formalizan la economía provincial como motor de desarrollo.
En materia tributaria, se sancionó la Ley Nº 6492, que fija alícuotas, mínimos y coeficientes para la determinación de bases imponibles según el Código Fiscal Provincial. Respecto al Impuesto Inmobiliario, se aplicarán coeficientes de 74,75 para zona urbana y 84 para zona rural y subrural, generando un incremento del 15% en valuaciones fiscales frente a 2025, aunque el impuesto mismo aumentará hasta un 14% en consonancia con el IPC proyectado. Se contemplan además reducciones en ingresos brutos para sectores estratégicos, exención de sellos para contratos de locación de vivienda, y descuentos del 50% para locaciones comerciales. La Ley Nº 6493 introduce modificaciones adicionales al Código Fiscal, incrementando bonificaciones por pago anticipado (15%), buen cumplimiento (10%), transacciones digitales (5%) y débito automático (hasta 10%). Asimismo, se incorporan proveedores de internet como exentos del impuesto sobre ingresos brutos, siempre que acrediten inscripción provincial y registro MiPyMES.
En el ámbito educativo, la Ley Nº 6494 actualiza la grilla de calificación docente, fortaleciendo la profesionalización mediante valoración renovada de formación continua, jerarquización de títulos base y reconocimiento de producciones pedagógicas. La diputada María Teresa Ferrín explicó que este proyecto resultó de 31 mesas técnicas realizadas entre julio de 2024 y noviembre de 2025, garantizando participación democrática y construcción de consensos para reformular parámetros de la carrera docente.
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Respecto a las reformas solicitadas por la Suprema Corte de Justicia, se aprobó la Ley Nº 6495, que modifica el Código Procesal Penal para otorgar mayor celeridad a los procesos judiciales dentro de un sistema acusatorio. El diputado Adriano Morone destacó que esta reforma constituye una reestructuración judicial de alcance significativo. Simultáneamente, se sancionó la Ley Nº 6496, que establece el régimen de custodia, conservación y subasta de bienes secuestrados en procesos penales, transfiriendo competencias funcionales del Ministerio Público de la Acusación al Poder Judicial, equilibrando así las atribuciones entre poderes del Estado.
Complementan estas decisiones legislativas la Ley Nº 6497, que regula el ejercicio profesional de arquitectos y urbanistas; la Ley Nº 6498, que modifica el Registro de Deudores Alimentarios Morosos incorporando controles para proteger derechos de menores y mujeres; y la Ley Nº 6499, que reglamente la Universidad Provincial para el Trabajo como institución de educación superior con autonomía académica y autarquía económica.
