Una progenitora de San Salvador de Jujuy presentó serias acusaciones contra una institución educativa de la capital provincial, argumentando que su vástago de ocho años, quien presenta síndrome de Down, fue víctima de negligencia, castigos desproporcionados y exclusión durante el ciclo lectivo completo. La mujer manifestó su decepción al respecto, ya que había depositado esperanzas en que el establecimiento ofrecería un ambiente inclusivo y de apoyo para su hijo.
De acuerdo con el testimonio brindado, el menor experimentó sanciones frecuentes durante los períodos de descanso, supuestamente justificadas en comportamientos que la madre atribuye a la falta de estimulación pedagógica dentro de las aulas. Según su versión, el niño permanecía sin actividades escolares significativas, lo que generaba frustración y conductas que posteriormente eran castigadas mediante el aislamiento. La progenitora enfatizó que estas medidas disciplinarias resultaban contraproducentes para el desarrollo de su hijo.
Entre los episodios más preocupantes, la mujer señaló que personal docente le restringía el acceso a agua potable, a pesar de que el menor requiere hidratación constante debido a una condición de hipertiroidismo. Además, relató que en más de una ocasión lo encontró mojado tras las clases de educación física, sin que le proporcionaran explicaciones satisfactorias sobre lo ocurrido. Estas situaciones la llevaron a cuestionarse seriamente sobre el nivel de supervisión y cuidado que recibía su hijo en la institución.
La madre también criticó severamente la capacitación del equipo docente respecto a la atención de estudiantes con discapacidades. Denunció rotaciones constantes de maestros, ausencia de figuras de referencia estables y una desconexión total del niño respecto a las propuestas educativas, actos escolares y dinámicas grupales. Expresó su frustración al observar que su hijo prácticamente no figuraba en los registros institucionales ni participaba en actividades conjuntas, lo que interpretó como una invisibilización deliberada.
Ante la situación, la mujer contrató de forma independiente a un acompañante terapéutico, asumiendo personalmente los gastos derivados de esta decisión. Tras esta intervención, observó mejoras significativas en el desempeño y bienestar de su hijo, lo que contrastaba notoriamente con el informe final emitido por la escuela, que describía al menor como incapaz de adaptarse a cualquier contexto educativo e incluso cuestionaba su rol materno. Esta contradicción reforzó sus sospechas sobre la calidad de la atención brindada.
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Determinada a buscar justicia, la progenitora inició procesos de denuncia ante organismos como la Secretaría de Derechos Humanos, la Dirección del Niño, Niña y Adolescente y el Consejo de Educación provincial. Manifestó su intención de continuar con acciones legales y expresó su convicción de que los responsables deben enfrentar consecuencias por lo sucedido. Además, reveló la existencia de otro caso similar dentro de la misma institución, lo que sugeriría un patrón problemático de funcionamiento.
La mujer también cuestionó las condiciones infraestructurales del establecimiento, señalando irregularidades como el hecho de que estudiantes de primaria deban utilizar sanitarios ubicados en la sección de secundaria. Consideró que estas deficiencias representan un incumplimiento de estándares básicos de funcionamiento y seguridad para una institución educativa habilitada. Su reclamo trasciende el caso particular de su hijo e interpela al sistema educativo sobre sus responsabilidades en materia de inclusión y protección de menores con necesidades especiales.
