Un giro inesperado ha marcado el desarrollo de la investigación judicial que se lleva adelante en la ciudad de San Pedro de Jujuy respecto del abuso sexual de una menor de edad. Las autoridades competentes han resuelto formalizar la imputación en contra de la progenitora de la víctima, luego de que se comprobara su participación directa en el ocultamiento de los hechos y el incumplimiento de las disposiciones judiciales que se encontraban vigentes.
El expediente penal se inició durante el mes de abril del presente año, teniendo como principal acusado al padrastro de la adolescente, un individuo de treinta y un años que actualmente se encuentra cumpliendo una medida de prisión preventiva. No obstante, el avance de la investigación ha revelado una situación aún más preocupante: la existencia de una estructura de protección familiar que beneficiaba al presunto agresor dentro del entorno más cercano de la víctima.
El momento decisivo en el desarrollo de la causa se produjo cuando la menor declaró ante el sistema de Cámara Gesell, un espacio especialmente diseñado para resguardar a las víctimas de delitos graves. Durante su testimonio, la adolescente reveló que su propia madre le había impartido instrucciones y ejercido presión para que proporcionara información falsa ante los organismos de investigación, exigiéndole que negara cualquier contacto con el acusado. Esta conducta constituía un claro intento de obstaculizar la labor de la justicia y desvincularse del imputado.
Ante la solidez de este relato y las pruebas que se han acumulado en el expediente, la fiscalía procedió a formalizar la acusación en contra de la madre. La mujer fue notificada de los cargos en su contra y se le designó un defensor de oficio para que la represente durante el proceso. Los delitos que enfrenta la progenitora incluyen el encubrimiento agravado por tratarse de un delito de gravedad considerable, en concurrencia real con la participación necesaria en el delito de desobediencia judicial. Esta última acusación surge del hecho de que, a pesar de conocer la existencia de una orden de exclusión del domicilio y una restricción perimetral absoluta en contra del acusado, la madre permitía que este ingresara y permaneciera en la vivienda, facilitando de manera esencial la violación de la orden judicial.
Como consecuencia de esta situación de vulnerabilidad extrema y riesgo inminente dentro del propio hogar familiar, la Oficina de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes intervino de manera inmediata. La medida más drástica adoptada fue la privación de la custodia de las menores a su madre. En la actualidad, la víctima de catorce años y sus dos hermanas menores de edad se encuentran bajo el cuidado y la custodia de su abuela materna, quien ha sido considerada como el único miembro de la familia que ofrece seguridad para las niñas. Adicionalmente, la justicia ha dictado una medida de prohibición de acercamiento que rige en favor de la menor y en contra de la propia madre, quien por el momento continúa en libertad mientras transita el proceso penal.
En cuanto a la situación del principal acusado, este permanece detenido en dependencias policiales bajo una medida de prisión preventiva cuyo vencimiento está previsto para el doce de julio próximo. Su abogado defensor ha presentado una solicitud formal para el cese de esta medida de coerción. Para el día veinticinco de junio se encuentra programada una audiencia de importancia decisiva en la cual el Juez de Control deberá resolver si el imputado recupera su libertad o permanece alojado en las instalaciones policiales. Según informaciones provenientes de fuentes judiciales, la fiscalía se opondrá de manera contundente a la solicitud de libertad, argumentando que el acusado debe continuar en detención preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de que pueda entorpecer la investigación o afectar a la víctima.
