El Poder Judicial de Jujuy iniciará un proceso de eliminación de expedientes que alcanza cifras significativas. Se trata de aproximadamente 29.072 casos que serán destruidos conforme a lo establecido en la Ley Nº 4223 sobre expurgo y destrucción de documentos del archivo de tribunales, así como también según la Acordada Nº 15/86 de la Suprema Corte de Justicia provincial.
Antes de proceder con la eliminación definitiva, existe un período de exposición pública que durará sesenta días corridos. Durante este lapso, cualquier persona interesada podrá acceder al listado completo de los expedientes en la Mesa General de Entradas, Estadísticas y Registros del Poder Judicial. Esta oficina funciona en el Palacio de Tribunales ubicado en la intersección de Independencia y Argañaraz en San Salvador de Jujuy, atendiendo de lunes a viernes entre las 7:30 y las 13:00 horas.
Los expedientes que serán destruidos provienen del Archivo del Centro Judicial San Salvador de Jujuy e incluyen documentación de los años 1994, 1995 y 1996. Los casos de 1994 corresponden principalmente al Tribunal del Trabajo en sus diferentes salas y a Juzgados de Instrucción Penal. Para los años 1995 y 1996, se incluyen expedientes de Juzgados Civiles, Cámaras Civiles y Penales, además de Juzgados de Instrucción Penal y del Tribunal del Trabajo en sus diversas salas.
Paralelamente, se han seleccionado 1.716 expedientes para su conservación permanente en el archivo. En el Centro Judicial de San Pedro de Jujuy ocurre un proceso similar, donde se destruirán 4.129 expedientes correspondientes a los años 1987 hasta 1991, específicamente de Juzgados Civil y Comercial. En este caso, 1.136 expedientes fueron designados para mantener en custodia de forma indefinida.
Durante el período de exposición, las partes involucradas, sus abogados y terceros interesados tienen la posibilidad de presentar reclamos formales o solicitar el desglose de documentos específicos. Estas peticiones deben ser presentadas por escrito ante la Suprema Corte de Justicia con la justificación correspondiente. Este procedimiento garantiza que ningún documento de importancia sea eliminado sin antes permitir que los interesados verifiquen su contenido y presenten objeciones si lo consideran necesario.
