Durante la tarde del miércoles, las principales arterias de San Salvador de Jujuy fueron ocupadas por una importante concentración denominada «Marcha social jujeña», en la cual participaron numerosas organizaciones, familias y ciudadanos que se movilizaron en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La manifestación surgió como respuesta a las preocupaciones generadas por las políticas implementadas recientemente por el Gobierno nacional, en un contexto caracterizado por medidas de ajuste fiscal que, según los manifestantes, ponen en peligro prestaciones fundamentales para este sector vulnerable.
El núcleo central de la protesta se concentró en el rechazo a modificaciones normativas y a los recortes presupuestarios que impactarían de manera directa en el sistema de atención y acompañamiento de las personas con discapacidad. Los participantes en la marcha por la discapacidad expresaron su alarma ante la posibilidad de un desmantelamiento de servicios esenciales, tales como terapias especializadas, transporte adaptado y asistencia integral, elementos que resultan indispensables para garantizar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos en todo el territorio nacional.
Carlos Burgos, quien se desempeña como presidente de la Fundación Ecos de Luz, realizó declaraciones a los medios de comunicación en las que explicó que el reclamo surgió tras una serie de encuentros entre distintas instituciones del sector. «Rechazamos la reforma de artículos que vulneran derechos. No se está valorando la vida de las personas con discapacidad ni promoviendo mejores condiciones para su desarrollo», manifestó Burgos. Asimismo, enfatizó la gravedad de la situación actual: «La discapacidad está siendo golpeada y maltratada, y como organización no podemos permitirlo».
La raíz del conflicto se encuentra vinculada a las políticas nacionales orientadas hacia la reducción del gasto público, que incluyen revisiones exhaustivas en programas de carácter social y en el sistema de prestaciones vigente. Desde las organizaciones del sector se advierte que estas decisiones contradicen marcos legales de vigencia actual, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento que obliga al Estado argentino a garantizar el acceso a servicios de calidad, la inclusión efectiva y la protección integral de este colectivo.
La marcha por la discapacidad realizada en Jujuy forma parte de una serie de movilizaciones que se han replicado en distintas provincias del país, evidenciando un creciente descontento en toda la nación. Los participantes demandaron respuestas concretas por parte de las autoridades y exigieron la revisión inmediata de las medidas adoptadas, mientras que simultáneamente reclamaron el cumplimiento efectivo de la legislación vigente. Esta noticia local refleja la preocupación de un sector que se considera cada vez más vulnerable frente al actual contexto económico y político que atraviesa el país. Para más información sobre temas de sociedad, consulte nuestras secciones especializadas.
