La administración provincial de Mendoza ha iniciado procedimientos judiciales contra quince tutores que se niegan a cumplir con los esquemas de vacunación obligatoria en menores de edad. El ministro responsable de la cartera sanitaria, Rodolfo Montero, confirmó esta información durante una entrevista radial en el programa Opinión de LVDiez, donde explicó los fundamentos de esta estrategia sin precedentes en el país.
Montero enfatizó que la inmunización constituye una responsabilidad colectiva respaldada por normativas federales que priorizan la protección integral de la infancia. “La vacunación es un acto colectivo. Hay una ley nacional que establece que la vacunación es obligatoria para defender los derechos del niño. Además es por seguridad colectiva. Un grupo de personas no vacunadas pone en riesgo a toda la población”, manifestó el funcionario durante sus declaraciones públicas.
Las autoridades sanitarias aclararon que estas medidas no persiguen objetivos punitivos ni recaudatorios, sino que buscan garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales de los menores. El Ejecutivo provincial sostiene que la intervención judicial representa un mecanismo para respaldar las políticas de salud pública frente a resistencias individuales. “Lo que queremos es que la Justicia nos de el respaldo y el empujón necesario para perseguir a quienes no han vacunado a sus hijos. Si no estamos todos vacunados, vamos a tener problemas en materia sanitaria”, expresó Montero.
Esta iniciativa se fundamenta en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de los inmunizantes y subordina las decisiones personales a los intereses de la salud colectiva. El contexto epidemiológico actual justifica estas acciones: se registran rebrotes de enfermedades erradicadas como el sarampión, además de siete fallecimientos infantiles por coqueluche, patologías directamente vinculadas al deterioro de las coberturas vacunales en la región.
Los procedimientos ya fueron presentados ante instancias civiles, donde los adultos involucrados deberán asistir a encuentros obligatorios. En estas audiencias, especialistas del sistema sanitario exponen los peligros tanto individuales como comunitarios que genera el incumplimiento del calendario oficial de inmunizaciones, considerando tanto la vulnerabilidad de los niños como la de toda la población.
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La legislación provincial contempla castigos que oscilan entre multas de 84.000 a 336.000 pesos, prestación de servicios a la comunidad y detenciones de hasta cinco días conforme al Código de Contravenciones local. Sin embargo, desde la cartera de Salud subrayan que el propósito central es preventivo y no represivo. Iris Aguilar, responsable del Departamento de Inmunizaciones, reafirmó que la prioridad radica en resguardar el derecho a la salud de los menores y activar los instrumentos estatales cuando ese derecho se ve comprometido, dejando en manos del poder judicial la determinación de las sanciones correspondientes.
Se anticipa que el número de denuncias continuará incrementándose en los próximos días, conforme avancen los relevamientos de incumplimiento en los registros de salud provincial.
