Un nuevo capítulo se suma al prolongado proceso judicial que enfrenta Miguel Ángel Rivas, ex Fiscal de Estado de Jujuy. En esta ocasión, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Javier Sánchez Serantes, lo imputó por incumplir disposiciones judiciales y transgredir las medidas de protección vigentes. A pesar de esta acusación formal, el ex funcionario continúa en libertad sin que se haya ordenado su aprehensión.
Fabiana Andrea Checa, quien lleva casi dos décadas denunciando a su ex pareja por hechos vinculados a violencia de género, presentó pruebas que demuestran contactos no autorizados. Según su abogado defensor, Julián Martín Palmieri, Rivas habría realizado llamadas y enviado mensajes a la víctima a través de líneas telefónicas asociadas tanto a Casa de Gobierno como a su despacho profesional, violando expresamente la orden de alejamiento que pesaba sobre él.
El análisis pericial del dispositivo móvil de Checa proporcionó evidencia concreta de estos contactos, material que fue incorporado al expediente como prueba fundamental. Pese a estos hallazgos y a la imputación resultante, la Justicia no ha tomado medidas más restrictivas ni ha dispuesto la privación de libertad del acusado.
Palmieri cuestionó duramente esta decisión, señalando que cualquier persona común habría sido encarcelada ante un incumplimiento tan evidente de una orden judicial. El letrado enfatizó que su cliente solicitó explícitamente la detención del agresor o, en su defecto, restricciones más severas para resguardar su integridad física, peticiones que hasta ahora no han sido atendidas favorablemente por los tribunales.
Desde la representación legal de Checa se advierte sobre un patrón de impunidad que caracteriza este caso. Consideran que la posición institucional que Rivas ocupó durante años como Fiscal de Estado pudo haber generado un contexto de tolerancia que obstaculizó el avance adecuado de las denuncias. La defensa sostiene que la falta de consecuencias concretas tras el incumplimiento de medidas cautelares refleja una grave falencia en la respuesta del sistema judicial frente a casos de violencia de género.
El caso continúa generando preocupación entre los sectores que trabajan en la defensa de víctimas de violencia doméstica, quienes ven en esta situación un ejemplo de cómo ciertos actores del sistema pueden evadir responsabilidades que para otros ciudadanos resultarían en consecuencias inmediatas y severas.
