Una investigación federal en Salta ha logrado importantes progresos en el desmantelamiento de una organización dedicada a la explotación sexual de menores de edad. Los fiscales han identificado a treinta y tres adolescentes víctimas de esta red criminal, todas ellas estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas con edades entre doce y diecisiete años. Nueve personas han sido detenidas e imputadas en conexión con estos delitos graves.
Entre los acusados figuran comerciantes, un integrante de las fuerzas militares, un conductor de remises señalado como organizador principal de la estructura delictiva, y un residente de Jujuy con antecedentes penales conocido por utilizar la identidad falsa de “tío” para ganarse la confianza de las adolescentes y someterlas a abuso sexual. La organización utilizaba establecimientos hoteleros, viviendas particulares y alojamientos ubicados en la ruta 26 para perpetrar los abusos contra sus víctimas.
El fiscal general Eduardo Villalba encabeza la investigación, que ha permitido ampliar significativamente las acusaciones. Ocho de los detenidos enfrentan cargos por trata agravada considerando la edad y cantidad de víctimas, cinco por participación en asociación delictiva, y seis por posesión y distribución de material de abuso infantil. Además, se investigan hechos de violencia sexual, corrupción de menores e intimidación ejercida sobre las víctimas para silenciarlas. El plazo de investigación fue extendido hasta mayo de dos mil veintiséis debido a la complejidad del caso.
El acompañamiento psicológico brindado a las adolescentes ha sido fundamental para identificar nuevas víctimas y comprender cómo operaba la red. Los investigadores continúan realizando entrevistas especializadas en cámaras de Gesell, analizando dispositivos móviles, rastreando movimientos bancarios y monitoreando actividades en plataformas digitales, con participación de organismos especializados en protección de menores.
En contraste, la provincia de Jujuy enfrenta una situación preocupante respecto a una investigación similar iniciada en dos mil veinticuatro. Se presume la existencia de una red de explotación sexual operando en hoteles y residenciales próximos a la antigua terminal de transporte. Aunque inicialmente fue investigada por tribunales locales, donde se realizaron algunas detenciones, la causa fue transferida a la jurisdicción federal donde ha permanecido sin avances públicos ni imputaciones formalizadas.
El caso salteño pone de relieve la urgencia de respuestas judiciales ágiles y coordinadas para combatir estas redes criminales que captan y explotan a menores de manera sistemática. Según los registros de la fiscalía, los perpetradores descartaban a las víctimas una vez que cumplían dieciocho años, lo que evidencia la naturaleza depredadora y desechable de estas operaciones delictivas que continúan amenazando a la población adolescente de la región.
