Un trágico suceso en la ciudad de Buenos Aires ha puesto en evidencia una red clandestina de encuentros privados donde profesionales de la salud consumían sustancias anestésicas de uso exclusivamente hospitalario. El fallecimiento de un joven anestesiólogo ha desencadenado una investigación judicial que continúa ampliándose, con múltiples imputaciones y sumarios administrativos en instituciones sanitarias de la capital.
El pasado 20 de febrero de 2026, Alejandro Zalazar, un anestesiólogo de 29 años de edad, fue descubierto sin vida en su departamento ubicado en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. El cuerpo presentaba una vía endovenosa insertada en el pie derecho y se encontraba rodeado de material médico descartable. Según los resultados de la autopsia practicada por los peritos forenses, la causa de la muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo, dos potentes anestésicos de uso restringido a ámbitos hospitalarios. En aquella jornada, Zalazar tenía programado participar en una intervención quirúrgica en la Fundación Favaloro, pero nunca se presentó ni respondió a las llamadas de sus colegas, lo que generó alarma entre su círculo cercano y motivó que se activara el sistema de emergencias.
Las denominadas «Propo Fest» constituyen encuentros privados organizados por un reducido grupo de médicos y residentes que trabajan en hospitales de Buenos Aires, donde se consumían propofol y fentanilo con propósitos recreativos para alcanzar estados de relajación profunda o lo que los participantes denominaban como «viajes controlados». Durante estos encuentros clandestinos se utilizaba equipamiento médico auténtico, incluyendo bombas de infusión y dispositivos de asistencia respiratoria para intervenir en caso de que algún asistente dejara de respirar espontáneamente. La denominación de estas fiestas surgió a partir de audios y conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea que se viralizaron entre profesionales del sector sanitario porteño.
La investigación judicial, bajo la dirección del juez Javier Sánchez Sarmiento, se concentra en esclarecer el robo sistemático de fármacos del Hospital Italiano de Buenos Aires, institución donde se hallaron sustancias en el domicilio de Zalazar. Hasta el momento, dos personas han sido imputadas por administración fraudulenta de bienes: Hernán Boveri, quien se desempeñaba como anestesiólogo y posteriormente presentó su renuncia, y Delfina Lanusse, médica residente que fue separada de su cargo. El Hospital Italiano inició un sumario administrativo interno y confirmó públicamente que se produjo un robo de estupefacientes en la sección de anestesiología. Los investigadores continúan analizando dispositivos electrónicos, registros de stocks hospitalarios y testimonios de colegas para identificar a otros posibles participantes en estas reuniones y determinar si existen nuevas personas que deban ser imputadas.
Zalazar contaba con una trayectoria profesional en el ámbito de la medicina de emergencias, habiendo trabajado en la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, residido en el Hospital Rivadavia y colaborado en tareas asistenciales en la Fundación Favaloro. Su muerte generó una profunda conmoción en los círculos médicos de la ciudad, con expresiones de solidaridad y tributos por parte de asociaciones profesionales de la salud. Este caso ha puesto de manifiesto fallas significativas en los sistemas de control y vigilancia de sustancias controladas en instituciones como el Hospital Italiano, el Hospital Rivadavia y el Hospital Gutiérrez, además de revelar la existencia de un circuito clandestino de distribución de drogas de origen hospitalario que requiere una intervención urgente de las autoridades sanitarias y judiciales. Para más información sobre casos policiales en Buenos Aires, consulte nuestras noticias nacionales.
