En una audiencia llevada a cabo este jueves, los letrados Fernando Burlando y Fabián Améndola, quienes defienden los intereses de Dalma y Gianinna Maradona en el expediente relacionado con el fallecimiento del astro del fútbol, presentaron un requerimiento para que se ordene la aprehensión de Julieta Makintach. Esta solicitud surge luego de que la exjueza fuera removida de su cargo y perdiera sus inmunidades procesales.
El escrito presentado por los abogados detalla una serie de conductas que califican como graves irregularidades procesales. Según la presentación, Makintach habría incurrido en intimidación de testigos, intentos de manipulación de declaraciones y acciones obstructivas reiteradas. Los letrados argumentan que estas actuaciones constituyen un patrón sistemático destinado a interferir en el curso de la investigación relacionada con el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Entre los comportamientos cuestionados, los abogados mencionan el envío de mensajes intimidatorios dirigidos a la oficial de seguridad Malen Tattí Romero poco después de que esta brindara su testimonio en contra de la exmagistrada. Asimismo, señalan un contacto inapropiado con la especialista en estética María Eva Soledad Pereyra, a quien presuntamente se le habría enviado material vinculado al caso con la intención de condicionar su declaración.
La fundamentación legal del pedido se ampara en el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense, que autoriza la adopción de medidas cautelares cuando existe riesgo de fuga, peligro de obstaculización de pruebas o conductas dirigidas a ejercer presión sobre declarantes. Los representantes de las hijas de Maradona sostienen que “la gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”.
En caso de que el tribunal no considere suficientes los elementos para ordenar la detención, los abogados solicitaron como alternativa la prohibición total de abandonar el territorio nacional, la confiscación inmediata del pasaporte y la restricción absoluta de comunicación con testigos, efectivos policiales, funcionarios y comunicadores involucrados en la investigación.
Los letrados también requirieron la incautación del material audiovisual del programa televisivo conducido por Nelson Castro, donde la investigada habría continuado realizando declaraciones públicas que consideran incompatibles con su condición de imputada. Finalmente, solicitaron que se le prohíba hacer comentarios, referencias o participaciones públicas respecto al proceso judicial vinculado a la muerte del Diez, con el propósito de evitar la revictimización de Dalma y Giannina Maradona y proteger la integridad del proceso penal principal.
