Las autoridades provinciales han decidido fortalecer sus operativos de fiscalización dirigidos a combatir tanto la ocupación ilegal de terrenos estatales como las transacciones irregulares de lotes que pertenecen al patrimonio público. Esta medida responde a la necesidad de proteger los bienes del Estado y evitar que particulares se apropien indebidamente de propiedades que deberían destinarse a programas de vivienda o desarrollo comunitario.
El gobierno jujeño ha puesto en marcha un plan integral que busca detectar y frenar las prácticas fraudulentas relacionadas con la venta de parcelas estatales. Los equipos de control realizarán inspecciones periódicas en zonas donde se han registrado antecedentes de ocupaciones no autorizadas, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes según la legislación vigente.
Desde las dependencias gubernamentales se enfatiza que la ocupación de terrenos fiscales constituye un delito que afecta directamente los planes de acceso a la vivienda para familias de bajos recursos. Además, la comercialización clandestina de estos lotes genera un mercado paralelo que perjudica tanto al erario público como a los compradores desprevenidos, quienes pueden perder sus inversiones al descubrirse la ilegalidad de la operación.
Los organismos encargados de la vigilancia trabajarán en coordinación con la Policía de Jujuy y otras instituciones para garantizar el cumplimiento de las normas. Se prevé que los controles se intensifiquen especialmente en los perímetros urbanos y periurbanos donde históricamente se han concentrado estos problemas de usurpación y transacciones irregulares.
La administración provincial advierte que cualquier persona que intente ocupar, vender o transferir lotes fiscales sin autorización será pasible de acciones legales. Asimismo, se insta a la ciudadanía a denunciar casos sospechosos de ocupación o comercialización ilegal de tierras estatales para colaborar en la preservación del patrimonio público y garantizar que estos recursos se destinen a su verdadero propósito: beneficiar a quienes realmente lo necesitan.
Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del gobierno jujeño para mejorar la administración de sus bienes inmuebles y combatir la corrupción en los trámites relacionados con la disposición de propiedades estatales. Se espera que con estas acciones se logre recuperar terrenos ocupados ilegalmente y se evite que continúen realizándose ventas fraudulentas que vulneran los derechos del Estado y de los ciudadanos.
