Un grave caso de violencia institucional ha salido a la luz en la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde efectivos de la Brigada de Investigaciones habrían sometido a torturas y vejaciones a un adolescente de quince años. El joven, identificado como M.I., fue detenido ilegalmente el pasado martes diecisiete de marzo alrededor de las dieciséis horas por personal civil de la dependencia policial, sin que se informara de inmediato a sus progenitores, a la fiscalía de instrucción ni al Juzgado de Menores, violando flagrantemente los protocolos establecidos para menores de edad.
Durante su permanencia en la Brigada de Investigaciones, el adolescente fue sometido a torturas, amenazas de muerte y privación de descanso con el propósito de que colaborara con la investigación de un homicidio. Fue recién un día después de su captura cuando se realizó una Cámara Gesell, instancia en la cual el menor relató el calvario vivido dentro de la base policial. Este testimonio resultó ser fundamental para las autoridades judiciales, ya que permitió establecer responsabilidades en el caso del asesinato de Ricardo Rotondo, ocurrido en San Pedro.
El joven declaró que acompañó al sospechoso hasta su vivienda en el barrio Los Lapachos tras el hecho delictivo, donde pudo constatar una lesión en la mano del implicado. Además, fue testigo de cómo el investigado le confesaba a su pareja los detalles de la pelea con la víctima. A pesar de haber proporcionado información valiosa para la causa, M.I. fue víctima de graves violaciones a sus derechos fundamentales mientras se encontraba bajo custodia policial.
La Fiscalía de San Pedro y la Defensoría de Menores iniciaron una investigación de oficio para establecer las responsabilidades penales de los efectivos involucrados en los hechos. Se solicitó el secuestro del libro de guardia de la dependencia, y se estima que entre siete y ocho policías serán citados por la Justicia. Estos uniformados se encontraban de guardia al momento de los acontecimientos y podrían estar relacionados directamente con las torturas denunciadas. Existe además un pedido formal para que los efectivos sean apartados de sus cargos de manera preventiva mientras avanza la investigación.
Este caso ha puesto en alerta a los organismos de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy, generando una creciente preocupación sobre las prácticas policiales en la región. La investigación también ha revelado una posible filtración de información sensible dentro de la Brigada de Investigaciones de San Pedro, lo que permitiría a los sospechosos adelantarse a las medidas judiciales ordenadas por los tribunales. La situación ha manchado la causa por homicidio con acusaciones de abuso policial sistemático.
El caso de M.I. representa un ejemplo preocupante de cómo la búsqueda de información en investigaciones criminales puede llevar a la vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando se trata de menores de edad. Las autoridades judicales ahora enfrentan el desafío de garantizar que la justicia se cumpla tanto en el caso del homicidio de Ricardo Rotondo como en la investigación de las torturas perpetradas contra el adolescente testigo. Este suceso no parece ser un hecho aislado, sino que refleja problemas más profundos en el funcionamiento de la seguridad policial en Jujuy.
