La familia de Ariel Vilte continúa buscando respuestas tras la muerte del joven, quien sufrió quemaduras graves mientras permanecía bajo custodia policial en la Seccional Nº 61 ubicada en el barrio El Chingo. El incidente ocurrió el 26 de diciembre cuando fue detenido por disturbios en la vía pública, pero los familiares aseguran que recién dos días después se enteraron de su internación en el hospital Pablo Soria en estado crítico.
Gloria López, hermana de la víctima, manifestó su indignación durante una entrevista radial, cuestionando los protocolos de seguridad implementados en la dependencia policial. Según su relato, Ariel se habría prendido fuego dentro de la celda sin que el personal presente actuara con la rapidez necesaria para evitar la tragedia. La mujer enfatizó que su hermano estaba bajo responsabilidad estatal y debería haber recibido protección adecuada en todo momento.
La hermana de Vilte denunció la falta de información oficial por parte de las autoridades de seguridad. Expresó que hasta el momento desconoce los nombres del personal que estaba de turno, qué medidas se tomaron inmediatamente después del incidente y por qué no se les comunicó oportunamente sobre la gravedad de la situación. Además, cuestionó procedimientos internos que habrían retrasado la asistencia, como la ausencia de matafuegos en la celda y la demora en el acceso al detenido.
Gloria también mencionó que circulan versiones sobre que el custodio se habría llevado la llave de la celda, lo que habría impedido que se brindara auxilio inmediato a Ariel. Aunque reconoció que su hermano enfrentaba problemas de adicciones, enfatizó que nunca había presentado comportamientos autodestructivos previos. Para la familia, la responsabilidad recae completamente en la institución policial por dejar desprotegido a una persona bajo su custodia.
El joven falleció en la madrugada del 31 de diciembre con más del 80% de su cuerpo afectado por quemaduras. La familia, asesorada legalmente, reclama que se determinen responsabilidades y se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon los hechos. Solicitaron además que se implementen medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir con otros detenidos en dependencias policiales.
Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación, que debe reconstruir los eventos del 26 de diciembre, determinar cómo se originó el incendio y establecer si existieron negligencias o incumplimientos de protocolos por parte del personal de la Seccional Nº 61. La familia mantiene su demanda de justicia y transparencia en el proceso investigativo.
