Trata de personas en Jujuy: el delito mutó y la frontera norte es zona clave

Un informe elaborado por Fundación Alameda y difundido en julio de 2026, que analiza las tendencias de la trata durante el primer semestre de ese año, concluye que este delito no se redujo: se transformó. Y en ese nuevo mapa, la trata de personas en Jujuy queda bajo alerta por su condición fronteriza.

El documento describe un patrón que se repite: alojamientos precarios, sin agua potable ni instalaciones sanitarias adecuadas, jornadas prolongadas, pagos inferiores a lo que fija la ley y aislamiento geográfico. Esa suma de condiciones vuelve muy difícil que las víctimas pidan auxilio, se alejen del lugar o hagan la denuncia.

La explotación sexual continúa vigente, pero el informe aclara que ya no se concentra en prostíbulos ni en sitios tradicionales. Ahora puede esconderse detrás de departamentos privados, casas de masajes, bares, alojamientos transitorios o plataformas digitales donde se manejan los contactos, los clientes y las ganancias. También se advierte sobre la explotación sexual infantil y la producción de material de abuso a través de plataformas digitales, con casos investigados en distintos puntos del país por grooming, captación de menores mediante redes sociales y distribución de material ilegal por aplicaciones de mensajería.

La virtualidad es, según el relevamiento, una de las principales mutaciones de la trata contemporánea. Redes sociales, plataformas de mensajería, espacios de videojuegos y sitios de contenido digital se volvieron escenarios centrales para captar, controlar y explotar víctimas. El primer contacto suele producirse con falsas ofertas laborales, propuestas de modelaje, promesas de ingresos rápidos, trabajos remotos o vínculos afectivos simulados. En otros casos se apela a la manipulación psicológica, las amenazas de difundir imágenes íntimas, el control de cuentas personales, la sextorsión o la dependencia económica generada a través de plataformas. Parte de la explotación sexual migró a esos entornos, lo que permite a los explotadores obtener ganancias sin sostener prostíbulos tradicionales ni trasladar físicamente a las víctimas. El desafío para la prevención y la investigación crece: las fronteras físicas pierden peso y las redes pueden operar en varias jurisdicciones a la vez.

El informe sostiene que la mayoría de las víctimas identificadas proviene de sectores atravesados por vulnerabilidades económicas, laborales o sociales. Entre los grupos más afectados menciona a trabajadores rurales migrantes, mujeres jóvenes, adolescentes, personas desempleadas, comunidades vulnerables, personas con bajos niveles educativos, personas en situación de calle y jóvenes institucionalizados. En la explotación laboral, la necesidad económica es un factor clave: muchas víctimas aceptan propuestas engañosas porque atraviesan urgencias o falta de oportunidades. En la explotación sexual, las víctimas suelen ser mujeres jóvenes, muchas veces responsables del sostenimiento de sus hogares o con situaciones previas de violencia, exclusión o consumo problemático. También se alerta por la presencia de niños, niñas y adolescentes en investigaciones vinculadas a mendicidad forzada, trabajo infantil rural, grooming, explotación sexual infantil y captación digital.

Uno de los cambios más fuertes que marca el relevamiento es que Argentina, vista durante años principalmente como país de destino, hoy aparece también como país de captación. El informe relaciona esa transformación con la precarización económica y la pérdida del valor del salario. En ese contexto crecen las ofertas laborales engañosas del exterior que prometen mejores ingresos, traslado o estabilidad, pero que luego pueden derivar en servidumbre, trabajo forzado o explotación. La trata ya no debe pensarse solo como algo que ocurre hacia adentro del país, sino también como una red que puede captar personas en Argentina para trasladarlas a otros territorios.

El documento dedica un apartado a las particularidades regionales y ubica al NOA, especialmente a Salta, Jujuy y la frontera norte, como una zona sensible. La región aparece atravesada por la convergencia entre trata de personas, narcotráfico, contrabando y otras economías ilegales. Las extensas fronteras internacionales y la circulación constante de personas y mercaderías generan condiciones favorables para organizaciones criminales transnacionales. Entre los fenómenos señalados para la frontera norte figuran la captación transfronteriza de víctimas, la explotación laboral en el ámbito rural, la compra y venta de niños, niñas y adolescentes, la corrupción asociada a mercados ilegales y el uso de rutas del narcotráfico para actividades vinculadas a la trata. La vulnerabilidad social de muchas comunidades fronterizas sigue siendo uno de los principales factores de riesgo: una falsa oferta de trabajo, un traslado irregular o una promesa de mejores ingresos puede convertirse en la puerta de entrada a una red de explotación.

En el caso de Jujuy, el informe no desarrolla cifras provinciales específicas, pero permite ubicar a la provincia dentro del mapa de riesgo del NOA y la frontera norte. Su ubicación geográfica, el contacto con pasos fronterizos, la circulación hacia Bolivia y otras provincias, y la presencia de economías formales e informales hacen que la prevención y la detección temprana sean claves. El riesgo no se limita a una sola modalidad: según el enfoque regional, deben observarse especialmente las posibles formas de captación transfronteriza, las falsas ofertas laborales, la explotación laboral rural, la explotación sexual, la captación por redes sociales y la vinculación con otras economías ilegales. También resulta central el control de rutas, pasos fronterizos y zonas de circulación permanente. Pero el informe deja en claro que la persecución penal no alcanza por sí sola: la prevención comunitaria, la alfabetización digital, la asistencia a víctimas y el fortalecimiento de redes territoriales son partes indispensables de una respuesta integral.

El relevamiento también analiza las respuestas oficiales y advierte un fuerte debilitamiento de la asistencia posterior a las víctimas. Según los datos reunidos, entre diciembre de 2024 y marzo de 2026 fueron rescatadas y/o asistidas 1.111 personas. Sin embargo, el documento marca una contradicción: mientras los rescates continúan, la asistencia posterior aparece debilitada. Fundación Alameda señala que el nuevo Programa Nacional de Restitución de Derechos para Víctimas de Trata tenía $1.000 millones de presupuesto, pero al momento de la respuesta oficial no había ejecutado fondos. También se informaron solo 2 soluciones habitacionales en todo el período analizado y apenas 3 profesionales en psicología para coordinar la atención especializada en salud mental de víctimas de trata en todo el país. Para el informe, este punto muestra una brecha entre la capacidad estatal de rescatar víctimas y la posibilidad real de acompañarlas después para reconstruir sus proyectos de vida.

La conclusión del documento es que la trata debe investigarse como una economía criminal compleja. Ya no alcanza con rescatar víctimas o condenar autores materiales: también es necesario seguir el dinero, identificar beneficiarios económicos, decomisar activos y desarticular las estructuras financieras que sostienen el delito. La trata actual puede ocultarse detrás de una aplicación, una billetera virtual, una falsa oferta laboral, una organización aparentemente solidaria, una red de explotación sexual digital, una estructura empresarial o una ruta vinculada a otras economías ilegales. Por eso el desafío no es solo perseguir un delito que cambia de forma, sino anticiparse a sus nuevas modalidades, proteger a las personas vulnerables y fortalecer las respuestas estatales, judiciales y comunitarias.

El informe recuerda además que el llamado a la Línea 145 no exige certezas absolutas: también sirve para pedir orientación. Si existe una situación de emergencia o peligro inmediato, se debe llamar además a las fuerzas de seguridad o al sistema de emergencias correspondiente.