Las autoridades judiciales de Jujuy ejecutaron una nueva aprehensión contra Carlos Ariel Vázquez, un individuo de 46 años que incumplió las restricciones impuestas por un magistrado tras su liberación condicional. El sujeto había proferido amenazas letales contra su expareja y los menores bajo su custodia, generando una situación de riesgo en el barrio Los Huaicos.
El historial delictivo de Vázquez comenzó el 21 de diciembre de 2025, cuando fue detenido en su domicilio ubicado en Lozano tras agredir físicamente a su expareja, una mujer de 43 años, en presencia de sus hijos. Durante el incidente, el agresor exhibió fotografías de un arma de fuego y realizó amenazas explícitas contra la vida de la familia. El juez Rodolfo Fernández, quien resolvió el caso durante la feria judicial, optó por liberarlo días después a pesar de la gravedad de los hechos, clasificándolos únicamente como “lesiones leves”. La decisión judicial incluyó restricciones de distancia de 500 metros respecto al domicilio de la víctima y otras medidas cautelares.
La violación de las medidas judiciales ocurrió apenas seis jornadas después de su excarcelación. El 20 de enero, Vázquez se acercó nuevamente a la vivienda de su expareja en Yala, siendo detectado por un custodio policial que lo vio escapar del lugar. La mujer realizó una denuncia inmediata en la Seccional 54°, alertando sobre el incumplimiento de las restricciones y el peligro inminente para ella y sus hijos.
La víctima expresó su indignación pública hacia el magistrado Fernández, señalando antecedentes preocupantes en la jurisdicción. Recordó el caso de Rosita Marina Patagua, quien fue asesinada en 2021 en Los Huaicos por un agresor que había sido liberado bajo circunstancias similares. Las amenazas documentadas de Vázquez incluyen frases como “Si te importa la vida de tus hijos, decime dónde estás” y “Voy a salir en las noticias y nada más”, evidenciando un patrón de intimidación sistemática.
El Ministerio Público de la Acusación intervino solicitando formalmente la detención de Vázquez tras constatar el incumplimiento de las medidas cautelares, enfatizando el riesgo potencial en un contexto donde los casos de violencia intrafamiliar enfrentan obstáculos procesales significativos. La aprehensión se concretó tras la ampliación de la denuncia y el monitoreo permanente de efectivos policiales en la zona.
Este episodio pone en evidencia las deficiencias estructurales del sistema judicial provincial durante períodos de feria, cuando resoluciones precipitadas comprometen la seguridad de víctimas de violencia doméstica en sectores vulnerables. La familia permanece bajo vigilancia policial mientras aguarda las próximas determinaciones judiciales, en tanto se intensifican los cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas preventivas y la necesidad de sanciones más severas en delitos de género.
