La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, lanzó duras críticas contra la adquisición de un avión Embraer ERJ-140LR por parte de la Fuerza Aérea, una operación que una investigación periodística señaló por presuntos sobreprecios y falta de transparencia. A través de su cuenta en la red social X, la titular del Senado cuestionó el monto pagado —4.085.000 dólares— y lo comparó con cotizaciones de modelos similares que rondaban los 2.300.000 dólares. Además, vinculó esta compra con el deterioro salarial del personal militar y la crisis del IOSFA, la obra social del sector.
La nota periodística que motivó el reclamo de Villarruel reveló que el presupuesto oficial fue de 3,9 millones de dólares, una cifra que quedó apenas por debajo del umbral que exige autorización del Congreso. El proceso administrativo, según la investigación, se caracterizó por plazos exprés y maniobras que habrían beneficiado a un único proveedor. No es la primera vez que se detectan anomalías en compras aeronáuticas: desde 2021 se registraron observaciones en cuatro adquisiciones, entre ellas un Boeing 737-700, un Saab SF-340 y dos Embraer ERJ-140LR.
En su publicación, la vicepresidenta afirmó que “varios años atrás por mucho menos, renunciaban todos los implicados” y preguntó “¿a quién responden estos uniformados?”. Sus señalamientos apuntaron directamente al ministro de Defensa, Carlos Presti, pero también alcanzaron al presidente Javier Milei, con quien mantiene un distanciamiento político desde hace meses. El primer mandatario llegó a calificarla como “traidora” en ocasiones anteriores, y este nuevo cruce volvió a exponer las grietas dentro del oficialismo.
Además de la compra del avión, Villarruel fustigó la gestión del IOSFA y la caída de los salarios en las Fuerzas Armadas. Responsabilizó al exministro Luis Petri por un “paso fraudulento” en el ministerio, que según ella provocó la merma salarial y la paralización de la obra social. Petri, por su parte, aseguró que ya había denunciado penalmente el caso a fines de 2025, antes de dejar su cargo, y que esa denuncia se basó en la misma investigación periodística.
El contexto institucional del IOSFA es complejo: tras la renuncia de Sergio Maldonado, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza fue designado presidente del directorio mediante el DNU N° 88/26, que dividió la cobertura entre el personal de Seguridad y el de Defensa. Fuentes consultadas señalan que la situación financiera de la obra social es crítica y que el traspaso de responsabilidades genera incertidumbre sobre la continuidad de las prestaciones para los militares y sus familias.
Tras los dichos de Villarruel, diversos usuarios y referentes políticos reclamaron que la vicepresidenta presente pruebas formales y radique una denuncia judicial. Mientras algunos sectores apoyaron su demanda de transparencia, otros criticaron el momento del pronunciamiento y lo vincularon con las disputas internas del Gobierno. Las próximas semanas podrían traer consecuencias institucionales: desde una investigación judicial federal hasta una fiscalización parlamentaria si se confirma que el presupuesto evitó deliberadamente el control legislativo. Para más información sobre este tipo de temas, podés seguir las noticias de política y las noticias nacionales en nuestro sitio.
